*Aumentan a 18 los internos del penal fallecidos tras el sofocamiento de un motín el 10 de octubre.
Ciudad de México, 19 de octubre de 2017. Tras los hechos de violencia en el penal de Cadereyta, Nuevo León, que han dejado 18 muertos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó al gobierno mexicano que los cuerpos de seguridad solamente pueden recurrir al empleo de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida y cuando resulten ineficaces medidas menos extremas; reiteró que tiene el deber de realizar un control adecuado y verificación de la legalidad del uso de la fuerza.
El organismo interamericano destacó que las autoridades han señalado que la mayoría de los reos habrían perdido la vida como consecuencia de una riña interna el día 10 de octubre y por lo menos dos habrían muerto a causa de los disparos de los agentes de la fuerza civil. «El vocero [del gobierno de Nuevo León] señaló que se habría tomado la decisión de utilizar la fuerza letal a fin de rescatar a los guardias, a raíz de que tomaron conocimiento de que los internos habrían tenido la intención de arrojarlos al vacío desde la azotea», informó.
Además de recordar que el uso de la fuerza letal es la última opción, el organismo recalcó que cuando la autoridad tenga conocimiento de las consecuencias letales derivadas del uso de armas de fuego por parte de fuerzas de seguridad, debe iniciar de oficio y sin dilación una investigación seria, imparcial, efectiva y abierta al escrutinio público.
La CIDH expresó su preocupación «por la reiteración de hechos que reflejan la ausencia de medidas de seguridad efectivas para garantizar los derechos a la vida y la integridad de las personas privadas de la libertad. Desde junio de 2016, la CIDH se ha pronunciado en tres oportunidades condenando hechos violentos en México, en los que perdieron la vida 80 personas privadas de libertad, como resultado de motines iniciados por el enfrentamiento entre integrantes de grupos contrarios», recordó.
«En su Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México, la CIDH destacó la situación de inseguridad, y las condiciones que permiten o propician hechos de violencia entre internos, como patrones comunes y estructurales que caracterizan la problemática carcelaria. Los Estados, como garantes de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, tienen el deber jurídico de adoptar acciones concretas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de los reclusos; entre ellas, asegurar la seguridad interna en los establecimientos penitenciarios, mediante la prevención efectiva del ingreso de armas, y el control de la actividad de las organizaciones criminales presentes en las cárceles», finalizó.