Escuchamos desde el primer día de parte del jefe de Gobierno, del secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, del titular del Invea, que se encarga de sancionar violaciones de uso de suelo, y de casi todos los delegados y sus encargados de obra pública la frase favorita del político mexicano cuando se destapan las cloacas: Tope donde tope. “Todas las denuncias que sean presentadas por posibles irregularidades en la construcción serán revisadas, y de ser el caso, se fincarán responsabilidades administrativas y penales” (M. A. Mancera). “Se fincarán responsabilidades, incluso penales, a quienes resulten responsables” (F. de J. Gutiérrez-Seduvi).
Para la magnitud de la tragedia, son pocas las denuncias presentadas ante la Procuraduría capitalina. No tenemos los números precisos. Al 4 de octubre, se registraban 140 denuncias por delitos relacionados con el sismo. Los delitos incluyen permisos “chuecos” y apócrifos, falsedad de declaraciones, negligencia, homicidio culposo, desacato a órdenes de la autoridad, tráfico de influencias. Son, desde luego, pocas para el tamaño del desastre. Habrá que ver cuántas de ellas se procesan. Si la cifra de impunidad general (97%) prevalece, serán sólo 1.3 casos los que prosperen.
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