El calvario que tuvo que recorrer Raymundo Pascual García, joven padre de familia ñhôñhô de Querétaro, es una muestra de que en México aún es necesario trabajar para que la protección a la libertad de expresión, la protesta social y el derecho de reunión se consolide, especialmente cuando los juzgadores reciben casos en que se pretende criminalizar estos derechos.
Raymundo y su familia tuvieron que vivir nueve meses con la incertidumbre y el miedo generados por un proceso penal que, como finalmente se reconoció, no tenía bases.
En México es recurrente el uso perverso del sistema de justicia para restringir indebida, desproporcionada e innecesariamente los derechos humanos a la libertad de expresión y la protesta social. Así lo reconoció el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, quien ya en 2011 recomendó al Estado mexicano garantizar el derecho a la libertad de expresión en el marco del ejercicio legítimo de actos de protesta social. Así lo demuestra el caso de Raymundo, un caso que no debería repetirse en ninguna parte de la geografía nacional.
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