• El secretario de gobernación ofreció un discurso lamentable y penoso durante su participación en la Jornada 2010 de Prevención de la Tortura.
• 33 presidentes de comisiones de derechos humanos del país exigen respeto hacia el trabajo de los organismos.
Luego de que el secretario de gobernación Fernando Gómez Mont ofreciera un discurso lamentable y penoso durante su participación en la Jornada 2010 de Prevención de la Tortura, 33 presidentes de comisiones de derechos humanos del país manifestaron absoluta indignación y rechazo.
Ante la afirmación “las comisiones pueden ser tontos útiles de la delincuencia a la que le sirve deslegitimar, destituir, perseguir, contener, condicionar, debilitar, la acción de la autoridad”, los ombudsman exigieron respeto al titular de gobernación hacia el trabajo de los organismos. La desacreditación a la que los expuso, según detallaron, “pone en riesgo la salud de la República y la integridad de nuestro sistema democrático”.
A su vez, proponen generar entre las instituciones un clima de respeto y responsabilidad, que vaya de acuerdo con sus atribuciones y competencias, para responder al crítico momento que vive México en el tema de seguridad pública.
En un pronunciamiento firmado por la Federación Mexicana de Organismos de Derechos Humanos (FMODF), los ombudsman coincidieron que “la confrontación y descalificación sólo abona a la incertidumbre”, y detallaron que quien deslegitima y debilita la acción de la autoridad en un Estado democrático, es la autoridad misma, ya que actúa al margen de los ordenamientos jurídicos y de los compromisos asumidos en el contexto internacional en materia de derechos humanos, con el pretexto de trabajar por la seguridad pública.
En su discurso, el funcionario dijo que hay un progreso significativo para evitar la práctica de la tortura, y aunque admitió que puedan existir casos, “se puede afirmar que en México no hay tolerancia institucional hacia esa práctica ilegal”.
Señalaron preocupante que en el marco de esta Jornada, Gómez Mont reconoció, por un lado, el delito de la tortura en México, pero por el otro, descalificó a los organismos públicos de derechos humanos que justo lo han documentado. Agregaron que les resulta paradójico que los resultados de las instituciones de procuración de justicia son mínimos comparándolos con los casos acreditados en las recomendaciones.
Hicieron énfasis en que las comisiones y procuradurías defensoras no actúan por “suspicacia” como afirmó el responsable de la política interior del país, quien cuestionó la capacidad para distinguir qué huellas son producto de la tortura y cuáles resultado del sometimiento de alguien que se niega a ser detenido. Por el contrario, los presidentes de las comisiones sostuvieron que sus investigaciones se efectúan con ética, profesionalismo, estricto rigor jurídico y metodología científica.
La FMODF subrayó que “las consignaciones que se han realizado por esta práctica ilícita son muy escasas, y eso indiscutiblemente genera impunidad y arriesga la convivencia social”.