Sin que haya todavía datos oficiales sobre las responsabilidades que hay que atribuir, las explicaciones de las personas expertas en el comportamiento de las estructuras frente a los sismos apuntan una conclusión lacerante: las pérdidas humanas y materiales derivadas del 19S se deben más a la corrupción que al infortunio.
Por ello, la discusión política que hay que hacer alrededor de las responsabilidades del Estado frente a la tragedia no es cuánto dinero le quitamos a los partidos —cuidémonos aquí también de la privatización de las campañas— sino cómo exigimos cuentas por el incumplimiento de las obligaciones y deberes constitucionales de las autoridades en sus distintos niveles. Se me ocurren algunas preguntas: ¿Quiénes son los responsables de no hacer público el mapa de riesgos de la ciudad? ¿Quiénes son los responsables de que ese mismo mapa no haya sido tomado en cuenta a la hora de construir sobre las zonas de mayor riesgo o de que no se haya construido con estándares más rigurosos? ¿Quiénes son los responsables del otorgamiento de licencias ilegales? ¿De la autorización de DRO sin las calificaciones requeridas legalmente? ¿De la ejecución de trabajos deficientes? ¿De la ausencia de supervisiones rigurosa? Y frente a estas preguntas, la más importante de todas: ¿qué papel ha jugado la corrupción en todo ello?
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