Por ahora quisiera ejemplificar con el de la tribu yaqui, en el norteño estado de Sonora, porque percibo que es contra ellos que se ha concentrado la fuerza del estado y las clases dominantes para someterlos y acepten ser despojados del control de su territorio. Como mucha gente sabe, en la década que corre la tribu yaqui sostuvo una larga lucha contra la construcción del Acueducto Independencia, que además de despojarlos de parte del agua del río Yaqui, que legalmente les corresponde, tendría que pasar por su territorio. La justicia les dio la razón legal pero los intereses económicos se impusieron y la obra se construyó y se puso a funcionar, sin que esté claro quién se beneficia con el agua que transporta.
Todavía no terminaba este problema cuando la tribu yaqui se enteró que por su territorio pasaría el gasoducto Agua Prieta que la empresa IEnova, de la que algunos altos funcionarios de gobiernos pasados son socios importantes. La empresa no cometió el error que el gobierno con la construcción del acueducto y negoció por separado con cada uno de los pueblos para que autorizaran el paso de la obra por su territorio, una petición ilegal ya que siendo tierras comunales sobre ellas no se pueden realizar actos mercantiles. Aun así la mayoría de los pueblos aceptaron porque la empresa les ofreció dinero para ganar su voluntad, salvo el pueblo de Loma de Bácum que se negó a hacerlo. Para defender sus derechos los opositores al gasoducto interpusieron juicios que aún no se resuelven pero mantienen en suspenso la obra, situación que no ha sido impedimento para que la empresa continúe adelante con la construcción de la obra, sin que ninguna autoridad haga cumplir la ley.
*Lea el artículo completo en La Jornada