El cambio no es semántico. El tránsito de la procuraduría a la Fiscalía General conlleva una modificación mayor en el diseño constitucional del ejercicio del poder. Implica transferir el ejercicio de la acción penal (es decir, del monopolio del uso de la fuerza legítima) del Ejecutivo a una institución con autonomía constitucional que ya no depende de éste.
Si queremos lograr un cambio de fondo necesitamos pensar sistémicamente en el conjunto de órganos que integran el sistema de seguridad pública, procuración e impartición de justicia. De nada serviría la mejor Fiscalía General —o el mejor fiscal— si no tenemos también fiscalías estatales que funcionen. Necesitamos instituciones que respeten derechos, que generen y utilicen la información, que cuenten con un modelo sólido de investigación, que articulen las funciones de investigación y persecución de los delitos, que sean capaces de conducir juicios exitosos y con imparcialidad respecto de cualquier poder.
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