Las aspiraciones de los políticos en pleno terreno de despegue electoral han puesto en el tablero de juego una ficha que parecía ya asignada: la fiscalía general.
Por un lado, está la presión de quienes buscan que Raúl Cervantes encabece la fiscalía los próximos nueve años, así nada más. Están también quienes realizan pronunciamientos ambiguos y mientras dicen no apoyar el pase automático, favorecen la instalación de un «concurso abierto» en el que se le «permita» participar al actual procurador, de manera que el pase exista, aunque le recorten lo instantáneo. Ambas posturas darían el mismo resultado y cuentan con mayoría.
Con el mayor de los optimismos podríamos suponer que el día de hoy resulta inviable ya imponer el apellido de un fiscal, así que lo que procedería es la modificación al artículo 102 constitucional para que se prohíba a cualquiera que haya sido procurador, postularse por el cargo. Sin embargo, hay otro pendiente fundamental que atender: el diseño de una ingeniería institucional lo suficientemente sólida que pase la prueba de ácido de las complicidades y los acuerdos políticos.
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