Ciertamente no tenemos buenas cuentas en la aplicación de las reformas constitucionales en materia de justicia, como bien lo documenta el informe Del papel a la práctica, elaborado por el Centro Pro, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y la Universidad Iberoamericana. Dos días antes de que el informe referido fuera presentado, el caso Tlatlaya, que forma parte del mismo, cobró nuevo aliento.
No se ven condiciones de que este tipo de investigaciones avancen, pues resulta muy grave la reiterada postura oficial de pretender tender un manto de impunidad sobre hechos que involucran a militares. Si no veamos la investigación sobre los crímenes del 2 de octubre de 1968, más recientemente Ayotzinapa y Tlatlaya entre otros. Lo que se exige es investigación y deslinde de responsabilidades en hechos concretos y la estrategia de Estado consiste en aseverar que tal demanda es un atentado a la institución militar.
Todo este entorno constituye una presión fuerte hacia el Poder Judicial, cuando alguna o alguno de sus integrantes decide cumplir con su responsabilidad y enfrentar en los hechos a la institución que más que procurar justicia la impide. Las evidencias abundan sobre diversos casos en el informe Del papel a la práctica.
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