Llaman a vencer inercias que impiden implementación de reformas constitucionales

Ciudad de México, 17 de agosto de 2017. Con un llamado a monitorear permanentemente el trabajo de los actores del sistema de justicia, se presentó el informe “Del papel a la práctica. La aplicación de las reformas constitucionales en el sistema de justicia 2011-2016”, un primer diagnóstico de cómo los funcionarios se han apropiado de las reformas en derechos humanos, penal y amparo.

El trabajo, financiado por la Unión Europea y elaborado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), la Universidad Iberoamericana (UIA) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, ofrece ejemplos de prácticas positivas y advierte de las inercias y retos a vencer para que las reformas se implementen.

Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, señaló que los principales hallazgos son que el Poder Judicial Federal ha avanzado en transparentar sus sentencias, existiendo todavía un gran rezago en los estados; que la reforma en derechos humanos está renovando la manera de impartir justicia, pero hay una apropiación deficiente de los tratados internacionales; que falta analizar en las sentencias la desigualdad estructural, para lo cual sí están habilitados los jueces; y que con el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) hay un mejor control sobre las investigaciones penales y disminuye la aplicación de criterios que violan derechos humanos, pero persisten prácticas viciadas.

Los intervinientes coincidieron en que hay resistencias que dificultan que se retomen las reformas constitucionales en la práctica. El ministro en retiro Juan Silva Meza indicó: “El respeto de los derechos a veces parece que estorba; debe ser un cambio de cultura, de convencimiento, de disposición de escuchar y de cambiar”. Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advirtió que “en el fondo hay un reto cultural que no hemos vencido”, y explicó que por ello son indispensables los trabajos conjuntos entre sociedad civil y academia.

Rocío Culebro, directora del IMDHD, consideró que con la reforma al artículo 1° constitucional México tiene la posibilidad de alcanzar los más altos estándares internacionales en derechos humanos armonizando las leyes, pero esto no ha sido comunicada a la mayoría de autoridades ni entre la población. “Es a los poderes judiciales a quienes les toca un papel central, también a la defensoría pública que atiende a sectores desfavorecidos y puede incentivar la aplicación de altos estándares”, detalló.

David Fernández, rector de la UIA, indicó que las universidades tienen la responsabilidad de impartir el Derecho contra una visión rígida, incorporando la multidisciplinariedad y a los derechos humanos como eje transversal, además de educar contra los estereotipos de género, utilizando el derecho como herramienta de cambio social.

Las y los ponentes también coincidieron que en hay una necesidad de capacitación permanente entre todos los operadores del sistema de justicia.  “Debemos continuar observando la aplicación de las reformas y asegurarnos de que se lleven a la práctica y se eviten contrarreformas”, llamó la directora del IMDHD.

Aguirre indicó que el informe propone lectura integral de las reformas en el contexto del tránsito a la Fiscalía General de la Nación, a cerrar la brecha entre justicia federal y de los estados y que las reformas se sigan implementando “hacia adelante”, evitando intentos de regresión como la Miscelánea Penal.