Durante las últimas semanas, distintas autoridades, particularmente miembros de la Conago, así como otros personajes de la esfera política nacional, han culpado al Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) –cuya vigencia plena comenzó en junio de 2016– de la ola de inseguridad y violencia que ha aquejado al país desde hace varios años.
No obstante, tal como muestran los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el repunte en la tasa de homicidios se ha gestado desde 2014. Lo que los datos reflejan, precisamente, es que son las políticas de seguridad pública las que inciden en las variaciones en la incidencia delictiva y la violencia, y no la operación del sistema de justicia.
De acuerdo con las declaraciones recientes, el SJPA es “una puerta giratoria donde entran y salen los delincuentes, una y otra vez”. Esta puerta giratoria es causada, aseguran, por la reducción del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Por tanto, uno de los cambios legislativos propuestos por estas autoridades es la reforma al Artículo 19 constitucional para ampliar al catálogo de delitos con los que el juez puede ordenar la prisión preventiva de manera oficiosa.
Sin embargo, la evidencia no respalda las declaraciones hechas en contra del nuevo sistema. Primero, porque no ha habido una reducción notable en el uso de la prisión preventiva en México a partir de la entrada en vigor del SJPA. En segundo lugar, no existe evidencia que demuestre que el uso de la prisión preventiva disminuya la inseguridad pública o la violencia. Al contrario: sí existen datos que demuestran los grandes costos que implica el abuso de la prisión preventiva.
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