El desplazamiento forzado interno (DFI) es una realidad latente que se incrementa año con año en nuestro país. Hasta diciembre de 2016, al menos 310,527 personas en México enfrentaban esta difícil situación, en su mayoría derivada de la violencia criminal. Sin embargo, desde la legislatura nacional poco se ha hecho para atender los daños sufridos por este sector poblacional, ¿qué hacer ante un Estado indiferente y falto de voluntad política?
Actualmente, en México no existe un marco normativo general al cual deban apegarse los distintos órdenes de gobierno en atención y protección de las personas internamente desplazadas. No obstante, dada la magnitud y repercusiones del desplazamiento en la vida de cientos de miles de personas en el país, es necesaria la elaboración de una Ley General sobre el Desplazamiento Forzado Interno que ampare a las víctimas de esta compleja violación de derechos humanos. Reconocer y atender las necesidades de una población vulnerable es una obligación pública en la vida de un país verdaderamente democrático e incluyente.
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