La semana pasada se publicó la primera Encuesta Nacional a Población Privada de Libertad (Enpol), innovación de la Ley Nacional de Ejecución Penal que tiene el fin generar información estadística sobre las características de la población penitenciaria y sus condiciones de procesamiento e internamiento.
La encuesta deja ver que en la cárcel, más que delincuentes de alta peligrosidad, hay personas de bajos recursos que vienen de contextos precarizados y que están ahí, no por delitos violentos, sino por robo, y, sin embargo, a pesar de que no representan un riesgo comprobable a la sociedad, están en prisión, expuestas a la violencia y la muerte.
El sistema penitenciario es el último eslabón de una cadena de violencia institucional que impacta de forma desproporcionada a los grupos más vulnerables. Para detener esta fábrica de violencia y muerte, necesitamos un sistema de ejecución que promueva un modelo de prisión con ley, y un Poder Judicial que tome sus responsabilidades en el asunto.
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