*En abril de 2011, al menos 195 restos de personas fueron hallados en 47 fosas clandestinas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas
Ciudad de México,03 de agosto de 2017. La Procuraduría General de la República (PGR) ha recurrido a artimañas para no entregar los expedientes del caso a familias de las víctimas halladas en las fosas comunes de San Fernando, Tamaulipas, a pesar de que cuentan con reconocimiento como víctimas y tienen derecho a conocer la información, denunció la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).
La organización recordó que han pasado más de seis años desde que se descubrieron las fosas en las que se encontraban los cuerpos, entre otros 174, de Carlos Alberto Osorio Parada y Manuel Antonio Realegeño Alvarado, de nacionalidad salvadoreña y a cuyas familias acompaña. Desde entonces, las madres y hermanas emprendieron un litigio para que se les reconociera la calidad de víctimas y así pudieran tener acceso total a la información contenida en los expedientes «para ejercer su derecho a la justicia».
Dada la negativa de PGR, ambas familias tuvieron que emprender una batalla legal que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual el 31 de enero de 2017 emitió una sentencia favorable para Bertila Osorio Parada y Alma Realegeño Alvarado, en la que ordenó al Ministerio Público Federal reconocerles la calidad de víctimas en la averiguación previa sobre la masacre, así como expedir las copias solicitadas. En esta fase, el agente del Ministerio Público a cargo de la investigación hizo uso de artimañas jurídicas para retrasar el cumplimiento de la sentencia y únicamente entregó el equivalente a dos tomos de las constancias de un total de 140. El 5 de julio de 2017, el Juez de Distrito determinó cumplida la sentencia de amparo, aun cuando las víctimas carecen del 98% de las constancias. Ante ello, la FJEDD interpuso un recurso de inconformidad el pasado 28 de julio.
“Fragmentar la información de los hechos en casos complejos no permite investigar correctamente y tampoco permite a las víctimas colaborar efectivamente en la investigación”, señaló Ana Lorena Delgadillo, Directora Ejecutiva de la FJEDD. Por su parte, Bertila Osorio Parada señala: “Una corte definió que se me entregaran las copias y eso no se ha cumplido. Llevo más de 6 años en la lucha. ¿Cuánto más debo esperar para tener toda la información? Como madre y como víctima tengo derecho a saber la verdad y a que se haga justicia, pido que este proceso no se estanque. ¿Qué es lo que se está ocultando?”
La Fundación reiteró que es imposible acercarse a la verdad de los hechos sin tener acceso a la totalidad de la investigación sobre la masacre de las fosas de San Fernando, por lo que instó a la PGR a respetar los derechos de las familias y a entregar todas las copias para que puedan ejercer plenamente su derecho a la coadyuvancia. «Esperamos que la SJCN atraiga el recurso de inconformidad y ordene la entrega de todas las constancias de la averiguación previa. La SCJN tiene la oportunidad de sentar un importante precedente en términos del adecuado cumplimiento de las sentencias de amparo en México», finalizó.