Echarle la culpa de la violencia en México al Nuevo Sistema de Justicia Penal es como querer hacer responsable de quienes mueren de una enfermedad prolongada al hospital recién inaugurado. Las fuentes y causas se encuentran mucho antes en el tiempo, mucho antes de que se estableciera el nuevo sistema. A ratos da la impresión que se hubiera encontrado en el nuevo sistema la excusa fácil, para justificar la ineptitud en el trabajo de prevención del crimen y la violencia.En la experiencia del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, luego del primer tiempo de funcionamiento de cualquier nuevo sistema de justicia penal, se produce una tendencia a hacer balances públicos más bien intuitivos y sin mucha información empírica. Estos análisis, como el que está ocurriendo en México -muchas veces errados, sin sustento y a ratos falaces- llevan a afirmar con vehemencia resultados desoladores o alentadores, según quien opina. En este contexto, aparecen actores políticos presentando proyectos de ley para “corregir” defectos del sistema. Se hace desde slogans y frases hechas, atractivas desde lo comunicacional, que no reflejan las verdaderas dificultades cuando las hay y, consecuentemente, promueven modificaciones normativas que no son la solución tampoco.
Las propuestas suelen representar la vuelta atrás en cuanto a los principios que inspiraron la reforma: transparencia, publicidad, debido proceso, presunción de inocencia. Y por otra parte, no se hacen cargo de lo que requiere ajustarse para el efectivo y eficiente funcionamiento de la nueva justicia penal: el cambio en la organización, en la estrategia y sobre todo en las prácticas.
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