* Acreditó detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y ejecución arbitraria.
Ciudad de México, 20 de julio de 2017. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, luego de acreditar la detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y ejecución arbitraria de cuatro jóvenes y una menor de edad en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, el 11 de enero de 2016.
En dicha recomendación solicitó se proporcione a los familiares de las víctimas la reparación integral del daño, que incluya una compensación y/o indemnización justa por la gravedad de los hechos.
En un comunicado, la CNDH consideró que por su naturaleza y gravedad, ese asunto trascendió el interés del estado de Veracruz e incidió en la opinión pública nacional, por lo que lo atrajo para conocer del caso y radicar el expediente de queja CNDH/1/2016/204/Q/, con el fin de investigar las violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de las víctimas.
Señaló que de las evidencias que la CNDH se allegó con motivo de las investigaciones documentales y de campo, visitas y entrevistas, así como de la información recabada de diversas autoridades federales y locales, se contó con elementos para acreditar violaciones graves a los derechos humanos, entre ellas: a la legalidad, seguridad jurídica y a la libertad personal por la detención arbitraria de las víctimas, atribuible a servidores públicos de la SSP del estado de Veracruz; a la integridad personal, con motivo de los actos de tortura cometidos en agravio de las víctimas, por parte de policías veracruzanos y de diversas personas; a la libertad e integridad personal por la desaparición forzada de las víctimas; a la vida, con motivo de la ejecución arbitraria de las víctimas; a la legalidad, seguridad jurídica y a la verdad, atribuibles a servidores públicos de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSP, por abstenerse de resolver en definitiva la responsabilidad en la investigación administrativa instruida en contra de los policías estatales involucrados en los hechos.
Adicionalmente, la CNDH sostuvo que ha observado con preocupación, desde hace varios años, “la problemática existente en el estado de Veracruz sobre desaparición de personas, motivada entre otras causas por la falta de implementación de políticas públicas para prevenir y combatir este ilícito, además de la conjunción de impunidad, violencia, inseguridad y colusión de agentes policiales con el crimen organizado”.
Eso, subrayó, “se traduce en violaciones graves a derechos humanos por el impacto que genera en las víctimas, sus familiares directos y la sociedad en general, porque los derechos vulnerados son los básicos e indiscutibles para la efectiva convivencia social en un régimen de respeto al Estado de Derecho, como son los relacionados con la dignidad humana y la integridad personal”.
*Con información de Proceso