*Es beneficiario del mecanismo de protección a defensores y periodistas.
Ciudad de México, 17 de julio de 2017. Más de ochenta organizaciones de derechos humanos manifestaron al gobernador del estado de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, su preocupación por el encarcelamiento de John Joseph Moreno Rutowski, abogado involucrado directamente en los casos de defensa legal contra las posibles afectaciones ambientales de proyectos mineros y de desarrollo inmobiliario costero -Los Cardones en la reserva de la biosfera “Sierra de la Laguna” y “Tres Santos” en Todos Santos, que ha sido relacionado con familia del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
En una misiva dirigida al gobernador el pasado 11 de julio, las organizaciones resaltaron que John Moreno es beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, «lo cual es un reconocimiento a su labor de defensa de derechos humanos y de su situación de riesgo por dicha labor».
Moreno Rutowski fue detenido el 19 de mayo de 2017 acusado de despojo; fue recluido en el Centro de Readaptación Social de La Paz. Su abogado y las organizaciones de derechos humanos locales han afirmado que se falsificaron documentos para incriminarlo, y que había sido amenazado en repetidas ocasiones por su labor.
La misiva, entregada con copia al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián y al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, destaca que en el caso de la mina “Los Cardones” se llegó a la nulidad de su autorización en materia ambiental en marzo de este año, mientras que el caso del desarrollo inmobiliario costero “Tres Santos” se encuentra actualmente en litigio.
Las organizaciones destacaron que en Baja California Sur se ha vivido “un deterioro en el goce de los derechos fundamentales”, evidencia de lo cual fue “el despliegue de la fuerza pública (granaderos) contra el movimiento social de defensa del patrimonio natural en febrero de 2016, donde John Joseph Moreno Rutowski estuvo presente”. Apenas en enero de este año, el Relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos recordó que en México es frecuente la criminalización de los defensores de derechos humanos «a través del mal uso deliberado del derecho penal y de la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de agentes estatales y no estatales, para obstaculizar e incluso impedir el legítimo derecho del defensor o la defensora de derechos humanos a promover y proteger los derechos humanos».
Las organizaciones pidieron al gobernador del estado que los procesos legales bajo los cuales se acusa a John Moreno se lleven bajo los estándares de protección más amplios, que permitan resolver de manera pronta el proceso penal en su contra y que en consecuencia se garanticen sus derechos humanos, incluido su derecho al debido proceso; que sea respetado el principio penal de “presunción de inocencia” de John J. Moreno; que se garantice su derecho a defender los derechos humanos y que el gobierno del estado se coordine e informe al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas sobre las medidas de seguridad tomadas para garantizar su seguridad en su situación actual.
