Un laboratorio como Citizen Lab, en Canadá, que se dedica a la investigación y el desarrollo en la intersección de las tecnologías de la información y la comunicación, con un especial enfoque en la seguridad global, le ha dicho al gobierno mexicano que sus periodistas, defensores de derechos humanos y el grupo de especialistas internacionales que coadyuvaban en la investigación de la desaparición de 43 estudiantes, fue espiado por un programa que sólo ellos adquirieron, y el gobierno, en vez de prender focos rojos e INVESTIGAR sobre un caso de espionaje, se ha dedicado a poner pretextos, justificarse y exculparse.
Hace unos días, tuve la oportunidad de entrevistar a Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en el programa La Nota Dura que se transmite en El Financiero Tv, y cuando se le cuestionó al respecto, no sólo lo negó, sino que su principal argumento fue que, en su estancia en México, el GIEI no ‘se quejó’ de estar siendo espiados.
Al respecto, Ángela Buitrago, miembro del GIEI, a quien entrevisté ayer en Así las cosas de W Radio, subrayó que más allá de señalamientos particulares, lo que los expertos han solicitado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que el caso sea investigado, que el gobierno entienda que es un caso de violación al derecho de la privacidad y las comunicaciones sin ningún precedente en el mundo y que, en el único caso similar conocido, lo que procedió fue eso: una investigación que derivó en resultados y sanciones. De nuevo: ¿por qué al gobierno no le preocupa saber quién espía con sus propios recursos?
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