*.
Ciudad de México, 12 de julio de 2017. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) menifestó su preocupación ante las denuncias sobre espionaje ilegal a periodistas y defensores de derechos humanos en México e instó al Estado a llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente.
El periódico The New York Times, apoyado en peritajes de Citizen Lab, dio a conocer, a partir del 19 de junio, que entre enero de 2015 y agosto de 2016 se habrían registrado 97 intentos de infección de los teléfonos portátiles de periodistas, defensores de derechos humanos, abogados y políticos con el malware de espionaje Pegasus, que toma control total del dispositivo y es vendido únicamente a gobiernos.
Entre las 19 personas que habrían sido objeto de intentos de infección se encuentra al menos un integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado mediante un acuerdo firmado en noviembre de 2014 por la CIDH, el Estado mexicano y representantes de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Durante la audiencia sobre Justicia e Impunidad en México, celebrada el jueves 6 de julio de 2017 en el 163 periodo de sesiones de la CIDH, las organizaciones de derechos humanos participantes expresaron su alarma por las denuncias de espionaje a personas críticas al gobierno mexicano. Estimaron además que la Procuraduría General de la República (PGR) no puede garantizar una investigación imparcial y autónoma dado que su agencia de investigación criminal es una de las entidades que habría adquirido el referido malware, y llamaron a conformar un panel internacional de expertas y expertos.
«La Relatoría Especial recuerda que el uso de cualquier programa o sistema de vigilancia en las comunicaciones privadas debe estar establecido de manera clara y precisa en la ley, ser verdaderamente excepcional y selectivo, y estar limitado en función a lo estrictamente necesario para el cumplimiento de fines imperativos como la investigación de delitos graves definidos en la legislación, y contar con control judicial previo. La vigilancia de las comunicaciones y las injerencias a la privacidad que excedan lo estipulado en la ley, que se orienten a finalidades distintas a las autorizadas por ésta o las que se realicen de manera clandestina deben ser drásticamente sancionadas. Esta injerencia ilegítima incluye aquellas realizadas contra defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación tanto por motivos políticos, como para conocer sus fuentes de información», recordó el organismo.
La Relatoría instó al Estado a garantizar una investigación exhaustiva e independiente respecto de los hechos denunciados y, en su caso, juzgar y sancionar a los responsables. «En particular, la Relatoría Especial llama al Estado a investigar la posible vinculación de entidades estatales en estos hechos y, con ese fin, disponer de todos mecanismos legales e institucionales a su alcance para dotar de garantías de independencia e imparcialidad a la investigación, en consulta con la sociedad civil y los afectados.
«En todo caso, corresponde al Estado garantizar el derecho de todas las personas a acceder a la información pública sobre programas de vigilancia o espionaje, su alcance y los controles existentes. Esta obligación abarca la información sobre su marco regulatorio, los contratos para la adquisición de estos programas, los protocolos y procedimientos de autorización, de selección de objetivos y de manejo de datos, así como información sobre el uso y control de estas técnicas. Bajo ninguna circunstancia, los periodistas, integrantes de medios de comunicación o miembros de la sociedad civil que difundan información sobre este tipo de programas de vigilancia, por considerarla de interés público, pueden ser sometidos a sanciones ulteriores. Esta obligación debe ser satisfecha sin perjuicio del derecho de acceso a la justicia y a privacidad de quienes habrían sido afectados o sufrido intentos de afectación por este tipo de programas», finalizó.