El GIEI se une a una lista cada vez más larga de quienes entre 2015 y 2016 recibieron los mensajes maliciosos, entre ellos activistas de derechos humanos, líderes de organizaciones de la sociedad civil, políticos de oposición y periodistas. El gobierno respondió ayer con formalidades.
Alguien en el gobierno tiene que entender que esto ya no es solo un asunto criminal y a partir de lo que sabemos hoy, uno de política internacional.
Desde el primer reporte en febrero, las organizaciones pidieron explicaciones y solo tuvieron el silencio como respuesta, lo que le costó al gobierno la salida de estas organizaciones de la alianza para un gobierno abierto. Ahora, la CIDH se suma al extrañamiento.
La solución está en manos del gobierno. Ellos saben cuántos “usuarios” compraron y saben cuántos se usaron. Y saben cuántas órdenes judiciales les han sido concedidas. No hay mucha ciencia. Si coinciden los usuarios con las órdenes, habrá que buscar en otra parte. Si no, a esperar la próxima primera plana de The New York Times.
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