El 8 de mayo de 1993, el teniente de infantería Miguel Orlando Muñoz Guzmán, de 25 años, se comunicó desde el cuartel con su madre y antes de colgar le dijo que la llamaría el 10 de mayo (día de las madres); no obstante, esa fue la última llamada que la señora María Guadalupe Guzmán recibió de su hijo. Miguel Orlando fue visto por última vez por sus compañeros del 26º Batallón de Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras realizaba esa llamada.
A pesar de las recomendaciones emitidas por la CIDH, hasta la fecha no se ha cumplido con ellas ni en materia de investigación y localización, ni justicia para el teniente Muñoz por parte de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito de la Zona Norte del estado de Chihuahua, así como de la Procuraduría General de la República (PGR).
La impunidad en el caso de Miguel Orlando es una muestra de las fallas al interior de las Fuerzas Armadas y resulta aún más preocupante ante la intención de legislar sobre seguridad interior en México. Si la desaparición de un miembro de las Fuerzas Armadas continúa a la sombra de la incertidumbre, la ciudadanía se encuentra en mucho mayor riesgo al dejar la seguridad interior en sus manos. La experiencia nos demuestra que la falta de justicia en casos de violaciones a derechos humanos no solo afecta y trasciende hacia el exterior de las Fuerzas Armadas, sino también hacia dentro.
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