* El apoyo técnico anunciado por la PGR podría tender al control político de daños, pero no al esclarecimiento de los hechos, consideran.
Ciudad de México, 28 de junio de 2017. La Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción expresó ayer que la investigación sobre el espionaje a periodistas y activistas debiera abordar esta conducta «desde un enfoque que abarque no solo delitos relacionados con libertad de expresión, sino también responsabilidades penales y administrativas de servidores públicos así como mecanismos que garanticen la prohibición absoluta del uso indebido de herramientas de investigación criminal y el estricto apego de éstas a rigurosos controles constitucionales».
Las organizaciones que conforman la plataforma respaldaron el trabajo que realizan las personas que hasta ahora aparecen como víctimas de intrusión en sus comunicaciones privadas por medio del software Pegasus, que la empresa israelí NSO Group vende exclusivamente a gobiernos para el combate al terrorismo y el crimen organizado. Consideraron que el grupo de apoyo técnico anunciado el día de ayer por la Procuraduría General de la República (PGR) «se inscribe en una lógica de investigación sumamente estrecha y podría tender al control político de daños, pero no al esclarecimiento de los hechos».
La plataforma lamentó la perversión del uso de la inteligencia que se endereza contra periodistas, personas defensoras de derechos humanos y activistas sociales «probablemente para intimidarlos y hacerlos desistir de sus respectivos trabajos, lo cual contraviene diferentes obligaciones estatales y genera suspicacias respecto de los controles democráticos que debieran pesar sobre ciertas instancias».
Sobre la compra de software de espionaje y su uso malicioso, señalaron que el hecho es una evidencia de corrupción pues se emplean recursos públicos para propósitos ilegales y se erosiona aún más la poca credibilidad de las instituciones públicas.
Por todo ello instaron a las autoridades a acciones tales como establecer un panel de expertos independientes nombrados y auspiciados por organismos internacionales de derechos humanos, alegando que estamos «ante la paradoja que el Ejecutivo (PGR) debe investigar al mismo Ejecutivo». También llamaron a establecer mecanismo de seguimiento puntual para agotar todas las líneas de investigación. Pidieron investigaciones internas en los órganos de control de la SEDENA, CISEN y la Visitaduría General de la PGR para determinar qué funcionarios tuvieron acceso al uso de cualquier programa de espionaje y también demandaron la transparentación de los contratos respectivos, para determinar su apego al marco jurídico.
Finalmente pidieron al Congreso el inicio de un proceso de cambios al marco jurídico para asegurar transparencia y rendición de cuentas respecto de la compra de cualquier tipo de tecnología de intervención de comunicaciones, así como el establecimiento de controles que eviten el uso indebido como en este caso así como al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) con el fin de garantizar el acceso a la información de la adquisición y uso de esta tecnología.