* “Venimos a entregarnos si es que las instituciones están investigándonos”, expresó Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos, en nombre de los y las manifestantes.
Ciudad de México, 26 de junio de 2017. Periodistas, defensores de derechos humanos y activistas se entregaron simbólicamente el pasado viernes afuera de la Procuraduría General de la República (PGR) como protesta por el caso #GobiernoEspía. Las y los manifestantets pusieron sus manos en alto como símbolo de protesta por la investigación que apunta al Estado mexicano como autor de los intentos de infección de los teléfonos móbiles de 12 activistas y defensores.
La politóloga Denise Dresser, quien acudió como manifestante, se refirió al mensaje que el presidente, Enrique Peña Nieto, emitió este jueves, donde primero advirtió que actuarían legalmente contra quienes levantaron “falsas” denuncias de espionaje, pero luego aclaró que no era una amenaza contra los denunciantes. “Así como criminalizó a quienes son la voz los ojos y la consciencia del país, nosotros venimos a entregarnos como criminales, del mismo tipo. En plena solidaridad con Carmen Aristegui, con Juan Pardiñas, con Daniel Lizárraga y con Salvador Camarena, y con los otros periodistas y activistas que fueron espiados. Esperamos una investigación independiente, internacional, limpia autónoma y creíble. Cosa que el Estado Mexicano no podrá hacerse por su propia cuenta”, dijo la politóloga.
El pasado 19 de junio, periodistas y activistas presentaron una denuncia de hechos ante la PGR por el caso de espionaje a sus teléfonos con un malware llamado Pegasus, que el lunes pasado el diario estadounidense The New York Times presentó en su primera plana. “Además, han sido solicitadas medidas cautelares a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y han sido informados distintos organismos internacionales de protección de derechos humanos”, indicaron en un posicionamiento.
Tras las demandas de la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otros, de abrir una investigación independiente por parte del gobierno mexicano para esclarecer el caso, el presidente Peña Nieto se pronunció el viernes exonerando a su gobierno y pidiendo que la PGR «pueda deslindar responsibilidades» a lo que añadió: «espero al amparo de la ley pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos». Palabras que, según las organizaciones denunciantes, resultan amenazantes y condenan la investigación al fracaso antes incluso de empezar. A unas horas de su pronunciamiento, Peña Nieto trató de suavizar las declaraciones.
El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas también se ha unido a las demandas por el esclarecimiento del presunto uso ilegal de software de espionaje por parte de autoridades denunciado la semana pasada.