Lo sorprendente no es que se espíe a periodistas, activistas, miembros de la oposición, políticos y empresarios. Buena parte de los escándalos de los últimos años tienen que ver con grabaciones clandestinas que salen a la luz sin procedencia clara, pero frecuencia alarmante. Desde aquellas entre el «gober precioso» Mario Marín y Kamel Nacif para escarmentar a Lydia Cacho, hasta la pesadilla que significó para la constructora española OHL la difusión de conversaciones telefónicas de algunos de sus altos funcionarios en México. Pasando por un largo etcétera que incluye a Josefina Vázquez Mota durante la campaña presidencial de 2012; Lorenzo Córdova, el presidente del instituto electoral, en una referencia despectiva a pueblos indígenas; el conductor Pedro Ferriz en un asunto de faldas; Purificación Carpinteyro, como diputada del PRD, haciendo propuestas de negocios a un exfuncionario de Telefónica.
Lo nuevo es que por vez primera se tiene un hilo conductor para investigar la procedencia de este enorme universo clandestino de escuchas ilegales. Dentro del Gobierno existiría la documentación del pago de esta compra, un rastro de las oficinas y funcionarios que en concreto que recibieron los equipos y programas vinculados a Pegasus, los cursos y talleres de capacitación correspondientes. Hasta ahora está documentado que cuatro instituciones recibieron la herramienta: la PGR, el Cisen y las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional. La publicación del diario neoyorquino deja en claro que el programa israelí fue encontrado en los teléfonos de los periodistas y activistas mencionados (Carmen Aristegui, Mario Patrón, Juan Pardinas, entre otros), unir las dos puntas de la madeja no requeriría de un Sherlock Holmes.
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