* OSC y defensores de DH manifestaron la “incongruencia» entre el ofrecimiento de México de ser la sede de la Asamblea General de la OEA y su nivel de cumplimiento de resoluciones emitidas por dicho Sistema.
Ciudad de México, 19 de junio de 2017. Con motivo del inicio de la 47ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Cancún, y en un contexto de preocupación por la precaria situación de derechos humanos en el país, organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos apuntaron al momento crucial de la Asamblea para “mejorar la protección de los derechos humanos en nuestra región”. Señalaron que en el espacio se discutirán temas fundamentales para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre los que se encuentra el financiamiento y la elección de las tres personas integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Denunciaron que la preparación de la sesión de la 47ª Asamblea se caracterizó por marginar la participación efectiva de la sociedad civil y no promover un diálogo con organizaciones y víctimas que recurren ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en torno a las prioridades temáticas que debía promover el Estado mexicano en este foro multilateral. Asimismo, mostraron preocupación por el cierre de espacios para la efectiva participación de la sociedad civil en este tipo de foros internacionales, el cual se evidenció con la decisión unilateral del gobierno de México de cambiar la sede de la Asamblea General que originalmente estaba prevista para la Ciudad de México y la falta de información sobre el cambio de formato de participación en tal evento, así como de las discusiones que se están dando respecto de temas fundamentales para los Estados Americanos, como son la seguridad multidimensional, la democracia y los derechos humanos.
Apuntaron a que “México tiene la gran oportunidad y responsabilidad, como país anfitrión, de impulsar estrategias en el hemisferio que se centren en la reducción de los índices de violencia – a través de políticas que privilegien el enfoque de seguridad ciudadana – en la garantía y respeto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y en la erradicación de la impunidad”.
Por ello hicieron un llamado al Estado mexicano a priorizar el cumplimiento de sus obligaciones bajo los tratados del Sistema Interamericano y recordaron que es obligación de todos los Estados participantes coordinarse para brindar una mayor seguridad humana y dar eficacia a los órganos de protección del Sistema Interamericano, a partir de la adopción de un aumento significativo del presupuesto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos mediante resolución adoptada en esta Asamblea General y la elección de perfiles adecuados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Las organizaciones firmantes recordaron la grave crisis de derechos humanos que enfrenta el país, con aproximadamente 200,000 homicidios dolosos, más de 31,000 personas desaparecidas y más de 300 mil personas víctimas de desplazamiento forzado y siete feminicidios al día en la última década. Señalaron también que, en lo que va de año, más de 17 personas periodistas y defensoras de derechos humanos han sido asesinadas y que los niveles de impunidad se mantienen entre el 95% y el 98%, lo cual apuntan a que constituye un quebranto de las condiciones mínimas para un diálogo en democracia.