«Las empresas vienen a México porque no se respetan los Derechos Humanos» explicó Bettina Cruz en el marco de una rueda de prensa de organizaciones y defensores que urgieron al gobierno a aplicar las recomendaciones realizadas por expertos de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. La activista añadió que el Gobierno facilita las vulneraciones, y María González del Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) también declaró que las empresas cuentan con impunidad, protección y complicidad de las autoridades.
En su caso además fue amenazada de muerte como defensora medioambiental contraria al proyecto eólico de la región del Ismo de Tehuantepec, y detenida por elementos de la Policía Federal Ministerial. En el informe, el Grupo de Trabajo e la ONU especificó también la criminalización que sufren defensoras y defensores en México: «con demasiada frencuencia los ataques contra defensores de los derechos humanos quedan impunes, sin que se realicen investigaciones ni se apliquen sanciones efectivas». Las organizaciones añadieron que «en el 62.5% de los casos de abusos relacionados con empresas documentan amenazas y ataques».
El documento de la ONU determinó que el gobierno mexicano incumplió con sus obligaciones, ya que «no garantiza el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada» además de «no lograr proteger a los defensores de derechos humanos, ni vigilar o sancionar abusos de empresas»