* Denuncian que el Instituto Nacional de Migración (INM) les ha intimidado y amenazado con deportarlos de nuevo a Guatemala si continúan su camino en México.
Ciudad de México, 6 de junio de 2017. Unas 700 personas, principalmente niños y niñas, mujeres y adultos mayores de la comunidad de San Andrés en Laguna Larga, Municipio de La Libertad en Petén, Guatemala, fueron desplazadas de manera forzada de sus tierras el pasado 2 de junio, tras el anuncio de un desalojo masivo y el desplazamiento de más de 1000 efectivos de la PNC y del ejército de Guatemala.
Organizaciones afirman en un comunicado que las personas desplazadas, quienes no tienen otra vía posible que caminar hacia la frontera con México a la altura del Municipio de Candelaria, Campeche, se encuentran en una situación de emergencia médico-humanitaria, tras haber recorrido en plena época de lluvias varios kilómetros de selva para llegar al poblado más próximo ubicado en lado mexicano. y alojarse en 35 carpas en mal estado y sin suficientes alimentos y medicinas.
Representantes de la comunidad desplazada afirmaron que fueron recibidos por una comitiva del gobierno de México y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR; sin embargo, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) les intimidaron y amenazaron durante el pasado fin de semana alegando que los detendrán y deportarán si continúan su camino en México. También informaron que las autoridades federales presentes impiden a las personas acudir al poblado más próximo bajo amenaza de deportarles.
De parte del Gobierno de Guatemala, el desalojo se fundamentaría en “una orden de desalojo emitida por un juzgado de Petén, (donde) el Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP argumenta como pretexto la conservación de la biosfera, pero se niega y entorpece cualquier proceso o alternativa que resuelva el reconocimiento de la población que habita dentro de la Laguna Larga, la Sierra Lacandona y la Laguna del Tigre.” Por su parte, el Comisionado del INM, Ardelio Vargas Fosado, señaló que el gobierno mexicano no comprará problemas de extranjeros, por lo que las organizaciones suponen que la postura del gobierno federal será negar la condición de refugiadas para estas personas respondiendo así con otra violación a los derechos humanos para las personas desplazadas: «violacion al derecho de asilo y principio de no devolución, compromisos que ambos gobiernos están obligados a cumplir por ser mandatos de Naciones Unida» denunciaron.
Las organizaciones han llamado a la sociedad en general, organizaciones civiles, colectivos y medios de comunicación a recabar víveres y artículos de primera necesidad que puedan ser trasladados al Albergue La 72 en Tenosique, Tabasco, desde donde serán distribuidos a las familias desplazadas. Asimismo, exigieron a los gobiernos de México y Guatemala, que se reúnen el 5 y 6 de Junio en ciudad Guatemala, que coloquen esta emergencia como punto fundamental de su agenda y garanticen plenamente los derechos humanos de las población desplazada de sus tierras en Laguna Larga, Peten, Guatemala y refugiada en Campeche, territorio mexicano, cumpliendo con sus obligaciones en materia de asilo, refugio y protección internacional de acuerdo a los tratados y leyes en la materia. Instaron también al gobierno de Guatemala, instamos y exigimos a respetar las diligencias judiciales que se han interpuesto ya respetar los derechos humanos de la población desplazada para que se les permita la inmediata recuperación de sus tierras y de su único patrimonio, la tierra donde cultivan sus alimentos y resuelven sus necesidades básicas.
*Consultar el comunicado íntegro aquí.