Los tiempos legislativos están de facto influenciados inevitablemente por los procesos electorales. Este momento no es la excepción, sobre todo frente al incierto escenario que eleva las expectativas sobre cómo se puede colorear el mapa político en las próximas elecciones presidenciales de 2018. Justamente por ello, los periodos extraordinarios son el perfecto impase para que algunas iniciativas que han generado debate amplio y evidente resistencia social sean presentadas de golpe. Así se aceleran los acuerdos, se intercambian los favores y se vota al vuelo de alce lo que en periodo ordinario se había postergado deliberadamente.
Si la intención es asegurar procesos de impunidad con una votación expedita, nada mejor que un periodo extraordinario que agilice los pactos y, de paso, deje listo el terreno para que, independientemente del resultado electoral en 2018, se institucionalice la seguridad bélica y la procuración de justicia disimulada.
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