* Según Amnistía Internacional, el vídeo de Palmarito muestra que las fuerzas armadas mexicanas están fuera de control y que nunca se les deberían encomendar operaciones de seguridad pública.
Ciudad de México, 25 de mayo de 2017. Mientras México debate la Ley de Seguridad Interior, que permitiría a las fuerzas armadas desempeñar funciones policiales, Amnistía Internacional ha declarado que las imágenes de Palmarito, verificadas de forma independiente por la organización, ponen de relieve la necesidad urgente de impedir que las fuerzas armadas desempeñen funciones policiales.
En las imágenes, verificadas por Amnistía Internacional sin encontrar ningún indicio de que hubieran sido editadas o manipuladas, se ve a unos hombres vestidos con uniformes militares mexicanos matando a tiros a una persona tendida en el suelo durante una operación de seguridad en Palmarito Tochapan, Puebla. Según Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, “este vídeo muestra algo que los y las activistas de derechos humanos llevan decenios denunciando: las fuerzas armadas mexicanas están fuera de control y nunca se les deberían encomendar operaciones de seguridad pública”.
“La mera idea de permitir que el personal militar detenga a personas e investigue delitos es indignante a la vista del trágico historial de derechos humanos de las fuerzas armadas mexicanas. Esta es una estrategia mal planteada que ya ha demostrado su total ineficacia” declaró Guevara-Rosasa, que añadió que las autoridades mexicanas deberían centrarse en su obligación de proteger los derechos y la seguridad de todas las personas “en lugar de tratar de combatir la violencia con más violencia y de correr el riesgo de convertirse en otro grupo criminal”.
Amnistía Internacional afirmó que tiene “todos los indicios señalan que miembros del ejército mexicano han cometido una ejecución extrajudicial, que es un crimen de derecho internacional» por lo que exhortaron a las autoridades mexicanas a no perder más tiempo y abrir una investigación civil, imparcial, independiente y efectiva del personal militar implicado en el caso, «incluidas las personas con mando o responsabilidad superior».
El caso se enmarca en medio de un debate nacional sobre la Ley de Seguridad Interior, que incluye a las Fuerzas Armadas conferirles facultades para detener a personas, reunir y procesar pruebas, y participar en la investigación de delitos.