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Después de reunirse con familiares de los niños víctimas del incendio de la Guardería ABC, el organismo civil aporta argumentos a la SCJN para apoyar su función protectora de los derechos fundamentales
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Constituye un avance la perspectiva de derechos humanos presente en el proyecto de dictamen del ministro Zaldivar. A partir de éste la SCJN tiene la oportunidad de ampliar sus consideraciones sobre los derechos violados
A un año del incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, por el que 49 menores murieron y más de 70 resultaron lesionados, los familiares aún no han encontrado justicia. Cabe esperar que de la resolución que emita el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras haber decidió ejercer la facultad de investigación que le confiere el artículo 97 de la Constitución, surjan elementos que permitan a las instancias correspondientes ponerse a la altura de las circunstancias y terminar con la impunidad que ha prevalecido en el caso.
Después de haberse reunido con familiares de los niños víctimas del incendio de la Guardería ABC, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) ha entregado a la Suprema Corte un memorial, bajo la figura conocida como amicus curiae, en el que aporta argumentos que, desde una perspectiva de derechos humanos, recogen de manera clara y concisa la exigencia de justicia de familiares afectados por la tragedia del 5 de junio de 2009.
El máximo tribunal decidió ejercer la facultad de investigación dispuesta en el artículo 97 constitucional el pasado 6 de agosto de 2009. En febrero de 2010 la Comisión Investigadora del caso expuso al Pleno los resultados de sus indagatorias en un Informe Preliminar. En éste los comisionados constataron múltiples irregularidades en el esquema de guarderías y dieron noticia del incumplimiento de las obligaciones de supervisión y vigilancia imputables a servidores públicos de los tres niveles de gobierno que derivaron en el incendio de la guardería. Las mismas conclusiones fueron compartidas por el ministro Arturo Zaldívar en su proyecto de resolución dado a conocer la semana pasada. Este proyecto es relevante por la perspectiva de derechos humanos adoptada; llamamos a que durante la discusión en el Pleno sean ampliadas las consideraciones sobre los derechos humanos violados y sean tomados en cuenta los estándares más altos en materia de protección de los mismos derechos.
En el memorial presentado a la SCJN el Centro Prodh acredita los siguientes elementos: a) la falta de debida diligencia por parte del Estado en materia de lucha contra la corrupción dentro del deber de garantizar el derecho de acceso a la salud y la seguridad social; b) conculcación de los derechos de la infancia donde prevalece deber especial de protección por parte del Estado; c) violaciones del derecho a la vida e integridad personal; d) vulneración del derecho de acceso a la información pública y consecuente ausencia de transparencia y rendición de cuentas; e) contravención del derecho a la igualdad de condiciones laborales entre el hombre y la mujer.
El Estado mexicano ha carecido de la debida diligencia en aspectos relacionados con la prevención y sanción de la corrupción respecto de graves violaciones a los derechos humanos. En este contexto la subrogación, figura jurídica mediante la cual se delega obligaciones a los particulares, la falta de vigilancia a la prestación del servicio y la ausencia de una regulación clara al respecto atentan contra la debida gestión de los asuntos y bienes públicos. En el incendio de la Guardería ABC han confluido todos estos elementos: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) delegó en particulares, sin la debida vigilancia, servicios que fueron prestados en condiciones que propiciaron los hechos en que fallecieron o resultaron heridos niños y niñas.
Por radicar en el Estado la obligación originaria de prestar el servicio de guarderías, recae sobre las autoridades de los tres niveles de gobierno que tuvieron que ver con los hechos la responsabilidad directa sobre los actos de los particulares a quienes fue delegada la función.
Ante estos hechos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la oportunidad histórica de ampliar los derechos antes que acotarlos a fin de crear las condiciones para que las víctimas accedan a la justicia; tiene también la posibilidad de sentar las bases para evitar nuevas tragedias como la ocurrida en Hermosillo, Sonora, si opta por pronunciarse sobre la inconstitucionalidad e ilegalidad del esquema de subrogación de guarderías adoptado de manera poco clara por el IMSS.