De acuerdo con cifras oficiales tenemos casi 30 mil desaparecidos en México, aunque muchos casos no son contabilizados porque no se denuncian, por miedo, o por considerar que no tiene sentido hacerlo. Según la CNDH, 11 estados concentran más del 80% de los casos. En todos, hay familiares buscando y en riesgo. El asesinato de estos padres, madres o activistas no es un fenómeno de uno o dos estados. La lista comprende Sonora, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Chihuahua y Veracruz.
¿Qué han hecho nuestras autoridades para proteger a los familiares? ¿Qué han hecho por ayudarlas en su búsqueda? Muy poco o nada. Algunos estados no tienen agencias especializadas o no las usan. No se abren carpetas de investigación o se abren pero no se les da seguimiento, por temor, indiferencia o complicidad. En el gobierno federal la estrategia parece ser negar el problema, como se niega también la existencia de tortura, de ejecuciones extrajudiciales, de violencia de género, de corrupción, de crisis de gobernabilidad.
Las desapariciones y asesinatos de familiares no pueden atenderse si se deja de lado la necesidad de transformar a todo el sistema nacional de seguridad pública: desde policías, ministerios públicos, peritos, hasta las cárceles y de entender la necesidad de cambiar radicalmente la estrategia de seguridad. La nuestra es una crisis de legitimidad y de impunidad. No habrá seguridad para las mamás que buscan a sus hijos, o para los agentes que detienen a delincuentes con un sistema que vive de la impunidad. Tampoco habrá paz en ausencia de legitimidad. Ningún número de soldados puede colmar ese vacío.
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