* La ley fomentaría la comisión de graves violaciones a derechos humanos como las mostradas en los videos, sostienen organizaciones.
Ciudad de México, 12 de mayo de 2017. Organizaciones agrupadas en el colectivo #SeguridadSinGuerra advirtieron que los hechos ocurridos el 3 de mayo en Palmarito Tochapan, Puebla, en los que fallecieron cuatro elementos militares y seis civiles durante un operativo, son prueba fehaciente de que la militarización de las tareas de seguridad pública conlleva el uso desmedido de la fuerza letal u otras graves violaciones de derechos humanos.
«Es predecible que de aprobarse la Ley de Seguridad Interior este tipo de situaciones continúen ocurriendo», previnieron.
Los videos que muestran el homicidio de un elemento del Ejército y a un soldado disparando a la cabeza a un detenido sometido «ratifican lo que diversos actores de la sociedad civil nacional e internacional hemos señalado: que ante la crisis de inseguridad, violencia e impunidad lo que necesitamos no es la militarización sino un nuevo modelo de seguridad ciudadana y una reforma integral al sistema de justicia penal, que atienda los graves problemas de impunidad, así como la falta de formación de la policías», indicaron.
Las organizaciones destacaron que los hechos de Palmarito, sumados a otros como los sucedidos en Tlatlaya, confirman que las actividades de seguridad pública no son propias de las Fuerzas Armadas y que “desnaturalizan” las acciones del Ejército. «El hecho de que se apruebe una Ley de Seguridad Interior, especialmente de la forma en la que hasta ahora se ha planteado, no subsanará esta deficiencia y sí fomentaría la comisión de estas graves violaciones a derechos humanos», resaltaron.
Las y los expertos también enfatizaron que las acciones que muestra el video no son aceptables ni permitidas en ningún tipo de enfrentamiento de acuerdo a los marcos de derecho internacional e incluso conforme al Manual de Uso de la Fuerza del Ejército: «Los eventos que precedieron a esta situación e incluso el ataque contra otro soldado no son de ninguna manera una justificación para ejecutar arbitrariamente a una persona ya sometida», explicaron.
#SeguridadSinGuerra llamó a que las autoridades civiles actúen de forma pronta y expedita para el esclarecimiento de los hechos, incluyendo tanto el homicidio del servidor público como la ejecución arbitraria; instó a que los elementos militares, incluyendo a los mandos responsables de los operativos, rindan cuentas con total transparencia, y reiteró el llamado a las y los legisladores – particularmente la Presidenta de la Comisión de Gobernación, el Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política – a una moratoria en la discusión de la miscelánea penal y las iniciativas de la seguridad interior, con el objetivo de poder discutir integralmente el modelo de seguridad «considerando la evidencia empírica que ha dejado la última década».