Fortuna Silver Mines y autoridades municipales amenazaron encuentro contra la minería

* Presidente municipal de San José del Progreso advirtió que no permitiría el ingreso de sociedad civil contra las minas.

Imagen de archivo

Ciudad de México, 11 de mayo de 2017. La Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO) denunció el clima de hostigamiento bajo el cual se debió realizar una reunión regional contra la minería en San José del Progreso, debido a las amenazas de las autoridades municipales. 

De forma previa a la reunión, realizada el pasado 07 de mayo, el presidente municipal de San José del Progreso ,Servando Díaz Vásquez, amenazó públicamente a la organización, a comunidades de la región y a organizaciones civiles con no permitirles la entrada a la población y llamó a las policías estatal y federal a poner un cerco de elementos y un filtro en la entrada de la población.

El edil argumentó que no permitiría que gente agrupada en las organizaciones antimineras ingresara a la comunidad para no generar más derramamientos de sangre; esto fue consignado en oficios entregados a autoridades de la región para llamarlos a “abstenerse a la participación de dicho acto, ya que en los años anteriores hemos tenido amargas experiencias”.

Debido al riesgo generado por estas amenazas, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) solicitó al gobierno del estado medidas cautelares a favor de las y los defensores de derechos humanos de las diversas organizaciones civiles y comunitarias que asistirían a dicha reunión. Por ello el encuentro debió realizarse con presencia de la Policía Estatal y Agentes Estatales de Investigación durante el 06 y 07 de mayo en la comunidad. Las organizaciones señalaron que la Policía Estatal “también estuvo protegiendo al proyecto minero con elementos de seguridad durante estas fechas”.

La COPUVO reiteró que su lucha siempre ha sido pacífica y denunció que detrás de las amenazas se encuentra la empresa minera Fortuna Silver Mines, “quien en su pretensión de expandirse hacia otros ejidos y comunidades de la región ha criminalizado y violentado nuestros derechos a la autonomía, al territorio, a la libre manifestación, entre los más importantes. Dicha empresa ha extraído de manera irracional nuestros bienes comunes y ha cambio ha generado violencia, destruyendo la paz y armonía que existía entre nuestros pueblos”.