El momento actual en México nos presenta una empresa única en cuanto a la persecución de conductas penales. Enfrentamos un momento histórico donde convergen tres procesos críticos: el descrédito del sistema de justicia que ha operado de manera ineficiente, la crisis humanitaria desencadenada por la llamada “guerra” contra el narco y la reforma del Estado, que desde 2008 ha instrumentado la adecuación del sistema procesal penal, desembocando a partir de junio de 2016 en la instauración de un sistema procesal penal acusatorio donde “los derechos del procesado no son amenazados por el ejercicio del poder público, sino que las autoridades persecutorias y jurisdiccionales están colocadas en un nivel de igualdad legal con respecto de la defensa y del inculpado”. Esto no significa un salvoconducto para los delincuentes, sino que subraya la dignificación humana en un país acostumbrado a llenar sus cárceles de inocentes. En todo esto ¿qué papel juegan las ciencias forenses y quienes las detentamos?
Más aún, también es importante plantear los aspectos bioéticos y jurídicos relacionados con la toma de muestras: lo ideal es pedirla a las víctimas indirectas una vez que se tiene información suficiente sobre las circunstancias de hallazgo y probable identidad de los fallecidos. Esto es sumamente relevante si partimos de que se trata de una muestra que contiene información biológica sobre las personas que puede constituirse en instrumento de poder en manos de terceros. El genoma de un individuo representa la más íntima expresión de su estado de salud, no solo actual, sino también futuro. Miles de enfermedades revisten carácter hereditario y pueden quedar reflejadas en los análisis realizados, además la muestra biológica tiene potencialmente datos sobre la persona a analizar, pero también sobre sus familiares consanguíneos. Por este motivo, la información obtenida ha de ser pertinente para la finalidad perseguida por el análisis, en resguardo de la autonomía del sujeto y privilegiando su derecho a la protección de su intimidad.
En suma, considero que el tema de las bases de datos genéticas requiere una profunda discusión bioética que nos haga tornar la mirada a las maneras en que –voluntaria o involuntariamente-, estamos actuando desde una postura paternalista o francamente coercitiva al limitar el conocimiento de las familias agraviadas respecto a lo que implica un proceso de identificación humana, donde es la integración de muchos tipos de información lo que permitirá recuperar la identidad de los cuerpos no identificados y no sólo la colecta de datos biométricos que requieren un marco legal preciso, el cual tampoco está construyéndose en lo inmediato. Es momento pues de que los científicos y académicos forenses hagamos parte de nuestra práctica cotidiana el comportamiento ético en el sentido socrático: fomentar el pensamiento crítico entre los ciudadanos para crear una mejor sociedad.