El pasado 26 de abril de 2017, el Pleno del Senado de la República aprobó con mayoría absoluta la expedición de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Este es un gran logro para todos los actores tanto de la sociedad civil, academia e instituciones de gobierno involucrados en el proceso de aprobación de la ley, mismo que inició desde principios de 2015.
De acuerdo a cifras obtenidas a partir de la sistematización de 201 documentos correspondientes a recomendaciones de la CNDH relacionadas a violaciones graves que comprenden un análisis del 2006 al 2017, las Fuerzas Armadas acumulan el 68.66 % del total de los documentos, siendo SEDENA la institución con mayor número de recomendaciones con 104 menciones. Del total de documentos, el 71.64 % de las recomendaciones comprenden episodios de tortura, siendo el fenómeno predominante seguido de asesinatos y desaparición con el 38.31 % y el 20.40 % respectivamente.
Desde la sociedad civil, aplaudimos la aprobación de esta Ley General contra la Tortura, pero bajo este panorama, el trabajo que viene será crucial para su efectiva aplicación, de tal manera que la tortura como método de investigación criminal logre quedar completamente erradicada. De manera especial, consideramos que las pruebas y testimonios obtenidos bajos esta intolerable práctica sean desechados para permitir que los torturadores sean investigados, procesados y sancionados.
Queda entonces pendiente la importante tarea de evitar que esta se convierta en una Ley inoperante, sino que al contrario su pronta y efectiva entrada en vigor abra paso al acceso a la justicia, asistencia y reparación para las víctimas de tortura.