* La ONU-DH reiteró que “ha sido la valentía de las víctimas la que ha inspirado a múltiples actores a impulsar una ley cuyo objetivo central es erradicar el sufrimiento que implica la inadmisible práctica de la tortura”.
Ciudad de México, 26 de abril de 2017. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebró la aprobación, por parte del Congreso de la Unión, de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y consideró que su adopción constituye “un instrumento fundamental para combatir uno de los retos más críticos que enfrenta el Estado mexicano en materia de derechos humanos”.
Amnistía Internacional también consideró que la aprobación de la ley constituye un paso adelante para hacer frente a la crisis de derechos humanos que azota al país y recordó que las autoridades deben ser garantes de que los responsables de estos delitos contra el derecho internacional comparezcan ante la justicia. Sin embargo, su directora ejecutiva, Tania Reneaum Panszi, consideró que “mientras haya sobrevivientes de tortura que, como Verónica Razo, permanezcan en prisión, esta ley no podrá considerarse efectiva”.
La ONU-DH resaltó que la aprobación de la ley se dio gracias a la disposición de diversos actores, destacadamente las víctimas, a quienes reiteró su solidaridad, mientras que AI recordó que la ley estaba “prometida hace más de dos años por el presidente de México tras la indignación pública nacional que estalló tras las violaciones masivas de derechos humanos cometidas en el caso de 43 estudiantes desaparecidos”.
La ley finalmente aprobada retomó recomendaciones formuladas al Estado Mexicano por varios mecanismos internacionales de derechos humanos, entre las cuales destacaron la del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, en su visita al país en octubre de 2015. La ONU-DH destacó aspectos benéficos de la ley como la prohibición absoluta de la tortura, sancionar la conducta en todo el país bajo una misma definición, excluir las pruebas obtenidas mediante tortura y otras violaciones a los derechos humanos y determinar reglas claras de combate a la impunidad; también que distribuye competencias entre los tres órdenes de gobierno, crea un registro nacional de casos de tortura e incluye medidas para la asistencia, atención y reparación de las víctimas a la vez que va acompañada de un programa nacional para erradicar el delito, reforzando las medidas de prevención y robusteciendo al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
El representante de la ONU-DH en México, Jan Jarab, hizo un llamado para que la ley se promulgue a la brevedad y, sobre todo, se garantice su aplicación efectiva. De cara a que “la tortura deje de emplearse como un método de investigación criminal y que sean los torturadores y no las víctimas de tortura quienes enfrenten cargos ante la justicia”, adelantó que la Oficina de la ONU-DH en México seguirá de cerca la implementación de “esta importante pieza legislativa y aportará su asistencia y cooperación para favorecer su aplicación práctica”.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional México subrayó que “a menos que las autoridades mexicanas hagan un esfuerzo real por garantizar el procesamiento de todos los responsables de los miles de casos de tortura denunciados cada año en todo el país, esta ley no será más que palabras sobre el papel. No debemos permitir que esto siga siendo así”. Apuntó que, hasta que el Congreso no apruebe una ley general contra la desaparición forzada, tal como prometió el presidente en 2014, su trabajo no podrá considerarse terminado.
*Consultar comunicado completo de la ONU-DH aquí.