El gobierno mexicano ha calificado el caso de Ayotzinapa como “la investigación penal más exhaustiva de la historia de procuración de justicia en México”. Pero el caso sigue sin resolverse y la investigaciónestá plagada de irregularidades, incluyendo evidencias manipuladas o pérdidas y alegaciones del uso de la tortura para obtener declaraciones. El gobierno mexicano ha dedicado importantes recursos a la investigación de Ayotzinapa, pero ningún responsable ha sido sancionado por su participación en los hechos y tampoco han encontrado a los estudiantes. La falta de resultados después de tanto tiempo plantea dudas sobre la capacidad y la voluntad del gobierno mexicano para investigar y sancionar a los responsables en este caso, así como su voluntad de atender en su verdadera dimensión y profundidad las desapariciones en el país.
Un año después de la salida del GIEI y dos años y medio después de que los estudiantes desaparecieron, estas son algunas de las respuestas que el gobierno todavía debe a las familias y las víctimas: El gobierno mexicano se niega a abandonar su teoría oficial del caso a pesar de las conclusiones del grupo internacional de expertos. En una audiencia del 17 de marzo de 2017 ante la CIDH, el gobierno mexicano declaró que su única hipótesis consolidada sobre el caso es que los estudiantes fueron asesinados y quemados en un basurero por miembros de un grupo de crimen organizado–a pesar de que esta teoría fue desmentida por el GIEI y varios estudios científicos. La CIDH considerómuy grave la defensa del gobierno mexicano de su “verdad histórica” y reiteró que la Comisión ya descartó esta teoría del caso. En su visita a México, la CIDH expresó su preocupación por las declaraciones públicas de altas autoridades mexicanas que validan esta hipótesis. Tras la audiencia, el gobierno mexicano emitió en un comunicado manifestando que agotará “todas las líneas de investigación posibles” y atenderá las recomendaciones del GIEI. Ahora debe transformar esas declaraciones en acciones concretas.
Pasos claves pendientes
Realizar esfuerzos serios para localizar a los estudiantes y sancionar a los responsables de su desaparición forzada: Las autoridades mexicanas deben continuar la búsqueda de los estudiantes, incluyendo a través del uso de la tecnología LIDAR. En su visita, la CIDH también recomendó que el gobierno mexicano creara “una base de datos de fosas que pueda ser replicada en todas las entidades federativas.” Además, los investigadores mexicanos deben culminar la telefonía – tanto para conocer lo que revela sobre el paradero de los estudiantes como para conocer la participación de diferentes autoridades durante la noche de los ataques en contra de los estudiantes. Sobre todo, el gobierno mexicano debe respetar los acuerdos que asume con las familias para la búsqueda de los estudiantes.
Asegurar que funcionarios que actuaron en forma irregular o ilegal durante la investigación del caso sean sancionados: Dadas las diferencias significativas en el informe interno final presentado por la Visitaduría General y el proyecto de ex-Visitador Chávez, las autoridades mexicanas deben realizar una nueva investigación interna sobre las autoridades que pudieran haber participado en la obstrucción de la justicia. Además debe indagar sobre las posibles responsabilidades de los funcionarios que ocultaron al GIEI información clave sobre los antecedentes de casos que involucran a grupos criminales con presencia en Iguala, como Guerreros Unidos, y el trasiego de drogas a los Estados Unidos. Las autoridades también deben investigar los posibles vínculos entre funcionarios mexicanos y grupos de la delincuencia organizada.
Indagar plenamente la hipótesis sobre el tráfico de drogas: Dado que se han descubierto evidencia adicional de la práctica del uso de autobuses para el trasiego transnacional de drogas, las autoridades mexicanas deben comprometerse a investigar de fondo la posibilidad de que el motivo para el ataque en contra de los estudiantes fuera por su participación no intencional en una operación de narcotráfico. La Comisión Interamericana considera como urgente la profundización de esta línea de investigación.
Seguir investigando las responsabilidades de otras autoridades en los hechos: Aunque se ha identificado la participación de elementos de la policía municipal de Huitzuco en los ataques contra los estudiantes, el gobierno no ha avanzado en la investigación de dos agentes de la Policía Federal que estuvieron presentes en uno de los lugares donde desaparecieron algunos estudiantes y que han sido señalados por el GIEI y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por su presunta responsabilidad en el encubrimiento de los hechos, y tampoco las responsabilidades de otras fuerzas de seguridad de estatal y federal que estuvieron presentes durante los hechos.
Resolver con seriedad el grave problema con las desapariciones en el país: El gobierno mexicano aún no ha adoptado suficientes medidas para asegurar una búsqueda rápida y coordinada para personas reportadas como desaparecidas ni para facilitar la identificación de restos y la localización de fosas. El caso de los 43 estudiantes es sólo uno de los más de 30.000 casos de desaparición registrados oficialmente en México. La principal obligación del gobierno es evitar que las personas en México sigan desapareciendo a manos de grupos criminales o de funcionarios públicos y, cuando ello pase, buscarlas inmediatamente y con vida e investigar a los responsables.