* Realizan análisis de la propuesta y lamentan que esté debajo de lo conversado con familias y expertas.
Ciudad de México, 21 de abril de 2017.El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México advirtió que el proyecto de dictamen de la ley general de desaparición enviado por el Poder Ejecutivo el 19 de abril del 2017 es regresivo y «está por debajo de la construcción colectiva trabajada con familiares de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en la materia desde hace casi dos años».
La organización señaló que las propuestas del Ejecutivo rompen con el modelo de contrapesos para abatir la impunidad y la aquiescencia del Estado en las desapariciones, y recalcó que en todo el proceso de interlocución las personas representantes del Ejecutivo Federal han tenido acceso a las discusiones y propuestas que se han ido generando. El Movimiento lamentó que las observaciones al proyecto de dictamen se reciben a seis días de la terminación del periodo de sesiones en el Congreso Federal, disminuyendo cualquier posibilidad de cumplir con el compromiso de que en el presente periodo se cuente con una Ley sobre Desaparición de Personas.
Algunas de las observaciones del Movimiento a la propuesta del Ejecutivo son la inclusión del término “persona no localizada”, que antes que distinguir se equipara con la situación de desaparición vinculada a un delito; que se vuelven a condicionar y subordinar las acciones de búsqueda a la calificación jurídica provocando saturaciones en fiscalías especializadas e ineficacia en la localización de personas dentro de las primeras 72 horas; también que la propuesta de construcción del Sistema Nacional de Búsqueda no atiende a una estructura de un sistema en relación a las funciones y las instituciones y de nada serviría sin que este opere las herramientas previstas (Registro Nacional de Personas Desaparecidas, Banco Nacional de Datos Forenses, Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, Registro Nacional de Fosas, Registro Administrativo de Detenciones, Alerta Ámber, etcétera).
Sobre la Comisión Nacional de Búsqueda, el Movimiento señaló que la propuesta del Ejecutivo no recupera la naturaleza de la Comisión tal como se ha propuesto por las familias, acordado con el Senado y comprometido por el Gobierno federal pues se retiran las siguientes atribuciones esenciales: Diseñar y ejecutar el Programa Nacional de Búsqueda de Personas desaparecidas y el Programa Nacional de Exhumaciones; recibir denuncias sobre desaparición de personas; contar con una Unidad de Búsqueda y con Fuerza de Búsqueda (Policías capacitados y certificados), un área de Análisis de Contexto y un Área de Gestión y Procesamiento de Información para la realización de sus actividades; y preservar la corresponsabilidad de la Federación y las Entidades Federativas en la búsqueda. Además propone la creación de Comisión Nacional (federal) y locales de Búsqueda, «cuyo modelo se ha probado que no es eficiente para la coordinación y para la creación de políticas públicas», advirtió.
Por otra parte, tanto en el Sistema como en la Comisión Nacional de Búsqueda se diluyen los mecanismos de participación de las familias y organizaciones de la sociedad civil además de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas; en materia de investigación no se establecen las bases para una investigación efectiva, no contemplan medios tecnológicos, mecanismos especiales de investigación y estructura orgánica mínima, no cumple los estándares convencionales de la responsabilidad del Superior jerárquico, elimina los supuestos de atracción que perseguían el principio de máxima protección y se imponen obstáculos para el enjuiciamiento y la búsqueda, favoreciendo la impunidad. Se ignora la naturaleza permanente y continuada del delito.
Por último, se propone una definición de Mecanismo de Apoyo Exterior que desconoce y baja el estándar de la actual reglamentación.