* Frente a los cuatro periodistas asesinados en dos meses, la Embajada de Estados Unidos y la Delegación de la Unión Europea en México también señalaron que la labor periodística en México es cada vez más peligrosa
Ciudad de México, 19 de abril de 2017. Los mecanismos de protección son incapaces de garantizar la labor periodística, por lo que los periodistas optan por la autocensura: así lo revela el estudio «Libertades en resistencia: informe de 2016» de ARTICLE 19, con base en el análisis de seis casos emblemáticos de periodistas asesinados recientemente. El reporte recoge hechos de 2016, cuando se perpetraron 11 homicidios de personas que ejercían trabajos de comunicación; sin embargo, no alcanza a tener en cuenta los asesinatos de los primeros meses del presente año.
La organización resalta que la impunidad es casi absoluta en lo referente a asesinatos de periodistas, ya que el 99.7 por ciento de los casos no llegan a un esclarecimiento, lo que constituye un patrón de conducta de quienes tienen la responsabilidad de aplicar la justicia que en estos casos ‘‘deja muy lejos la mínima garantía de justicia’’. La pauta revelada por ARTICLE 19 indica que fiscalías y procuradurías primero desacreditan a las víctimas, después desligan los móviles del crimen de su actividad periodística y tras ello protegen a los políticos involucrados.
Del informe se desprende que 226 de los ataques a periodistas y medios se atribuyen a funcionarios públicos y, en cuanto al nivel de gobierno de los supuestos perpetradores, 91 son del ámbito estatal, 79 del municipal y 56 del federal. También determina que en 83 casos no hay elementos suficientes para determinar alguna responsabilidad. En 69 se identifica al atacante como un ‘‘particular’’ y en 17 se trata de la delincuencia.
Figuran en primer lugar los ataques a medios digitales, con 189 agresiones, mientras que los impresos padecieron 103 eventos. El medio más atacado sería El Piñero de la Cuenca, con 15 agresiones en 2016, seguido de Aristegui Noticias, con 12. Después constan Reforma, con 11 ataques y La Jornada y Proceso, con 10 y 7 respectivamente. En cuanto al nivel y cargo de informadores atacados, corresponsales y reporteros se llevarían la peor parte con 199 agresiones, seguidos de 56 ataques sufridos por fotorreporteros.
Según el informe, la administración de Felipe Calderón sigue figurando como la de mayor peligro para el ejercicio periodístico. En ese periodo, de 2006 a 2012, hubo 48 periodistas asesinados y 15 desaparecidos. En lo que va del sexenio de Peña Nieto ha habido 27 asesinatos en 2016, van cuatro en 2017, y tres desapariciones forzadas.
Los patrones descritos se extraen del estudio en profundidad de los casos de Regina Martínez, corresponsal de Proceso y asesinada el 26 de abril de 2013; Gregorio Jiménez, reportero de El Liberal del Sur, secuestrado el 11 de febrero de 2014 en Coatzacoalcos; el fotógrafo Rubén Espinosa, asesinado en julio de 2015; la periodista del Sol de Orizaba Anabel Flores, asesinada el 9 de febrero de 2016; Salvador Olmos, locutor de la radio Tu Un Nuu Savi, detenido por la policía local el 26 de junio de 2016 y atropellado por una patrulla al intentar escapar y, de manera adicional, para documentar la desprotección sistémica del ejercicio periodístico, se estudia el caso de Pedro Tamayo, reportero de asuntos policiacos de El Piñero de la Cuenca, Veracruz, amenazado y perseguido.
*Consultar aquí el informe.