Representantes del PRI han afirmado que pronto estará listo un dictamen en materia de Seguridad Interior que integre las diversas iniciativas que se han presentado. El objetivo parece ser concluir este periodo legislativo con un marco que regule las Fuerzas Armadas. Es importante tener claro que lo que se discute en materia de Seguridad Interior no es solo un marco jurídico para las Fuerzas Armadas, sino el regreso – o no – a la normalidad constitucional. Con esta ley se decide además el tipo de justicia penal que tendremos a largo plazo: una en la que autoridades militares puedan encargarse de la prevención e investigación del delito o, por el contrario, una a cargo de civiles. Se decide también la estrategia de seguridad de los próximos años: ¿Seguiremos con la militarización del país o apostaremos por la formación de policías? La seriedad de las implicaciones obligan a una discusión pública en la que se presente y analice todo lo que está en juego. Ésta, sin embargo, no puede seriamente llevarse a cabo en los 15 días que restan del actual periodo legislativo.
En el trasfondo de esta ley también está la decisión sobre si continuamos – o no – con una estrategia de seguridad que ha resultado desastrosa para México. Esta decisión implica enorme responsabilidad y demanda un debate público, basado en evidenvcia. Hasta que esto suceda, el Congreso debe pausar la aprobación de esta legislación. Hay demasiado en juego para un proceso apresurado.
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