Lo que se juega en estas dos semanas que quedan del periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión son muchas reformas de la mayor importancia. En realidad, visto al menos desde un segmento de esas reformas, es mucho más que eso: se juega la posibilidad de que se trastoque, acaso de manera irreversible, el pacto político histórico de contención del poder civil sobre el poder militar en México. Nada menos.
Será un parteaguas resultado de la combinación de tres posibles reformas: a) la creación de la Ley de Seguridad Interior, b) la aprobación del denominado mando policial mixto y c) la mejora de las bases constitucionales de la próxima Fiscalía General de la Nación. Tres modificaciones que deben ser vistas en paquete y de donde se desprende un posible escenario que arrojaría a México hacia la consolidación de la militarización en la seguridad pública y la procuración de justicia y, por esa vía, hacia el creciente resquebrajamiento en la contención del poder civil sobre el poder militar.
La ruta contraria es el coctel deseable: a) freno a la ley de seguridad interior, b) reconstrucción no del mando policial sino de la institución policial toda y de su relación con la sociedad –en el marco de un paradigma de seguridad ciudadana y de prevención social y comunitaria-, por la vía del rediseño total del sistema nacional de seguridad pública (como lo propone el colectivo Seguridad sin guerra), y c) aprobación de una reforma amplia a las bases constitucionales que darán vida a la Fiscalía General de la República (FGR), que no solo anule el pase automático del titular de la PGR a la cabeza de la nueva Fiscalía, sino además incluya el anclaje en la norma suprema de su autonomía y de su perfil profesional (como lo propone el colectivo #FiscaliaQueSirva).