* Hasta octubre de 2016 sólo hay un caso en que un juez ha dictado sentencia por desaparición forzada.
Ciudad de México, 6 de abril de 2017. En Nuevo León desaparecieron al menos 2 mil personas en nueve años, denunció la asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) durante la presentación de su informe sobre el fenómeno.
El estado de Nuevo León se encuentra entre los 5 con mayor incidencia de desaparición de personas y también entre las que registran mayor número de desapariciones forzadas. El documento de la organización da seguimiento a las historias de 377 personas, concentradas en 340 casos de desaparición.
CADHAC indicó que hay personas desaparecidas en la entidad entre los años 2006 y 2007 de las que todavía no se sabe su paradero, por lo que exigió un registro confiable de las desapariciones ante el “subregistro” actual. El Informe recoge además que en el periodo del 1 de septiembre de 2015 al 30 de septiembre de 2016 la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas (FEBPD) investigaba la desaparición de 276 personas.
El informe indica que una de las manifestaciones más graves de la crisis de inseguridad que padece Nuevo León es la participación de elementos militares o policiales en ejecuciones y desapariciones. Los ejemplos más destacados son los casos de Rocía Elías Gaza y su esposo Juan Carlos Peña Chavarría, ejecutados por militares en marzo de 2010, y el de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredonde, asesinados por elementos del Ejército en marzo de 2010 dentro del campus donde estudiaban. A pesar de ello, hasta la fecha sólo hay un caso en que un juez ha dictado sentencia por este delito en contra de un militar.
CADHAC ubica el aumento de la violencia en el contexto de la guerra que el gobierno federal declaró a la delincuencia organizada el 8 de diciembre de 2006. “A partir de ese momento se incrementaron los delitos considerados graves como el homicidio doloso, el secuestro, el robo con violencia y también la cantidad de personas desaparecidas. Se incrementaron las violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, a la par que aumentó la presencia militar en las calles. De la misma manera se multiplicaron las recomendaciones que el ombudsman nacional dirigió a la SEDENA y o a la SEMAR», resaltó la organización.