* Se dejaría la gestión de la biodiversidad en manos de la iniciativa privada nacional y extranjera.
Ciudad de México, 06 de abril de 2017. La Iniciativa de Ley general de Biodiversidad , impulsada por la Senadora Ninfa Salinas, debe ser suspendida pues afectará gravemente el principio de libre determinación y los derechos constitucionales de los pueblos indígenas al incidir directamente en su patrimonio y dejar en manos de la iniciativa privada su control, advirtieron un grupo de organizaciones, intelectuales y personas expertas.
En una carta dirigida a las y los Senadores integrantes de las Comisiones de Medio ambiente y Recursos Naturales y la de Estudios Legislativos Primera, las y los expertos recordaron que en los territorios y tierras de los pueblos indígenas y comunidades equiparables se alberga la mayor biodiversidad de México, que es tratada por ellos como un bien común. Esto ha permitido a los pueblos generar «un enorme patrimonio biocultural que implica bancos genéticos comunitarios de plantas y animales domesticados y semidomesticados, agroecosistemas (paisajes bioculturales), plantas medicinales, conocimientos (tradicionales), rituales y formas simbólicas de apropiación de los territorios», reconocieron.
A pesar de la íntima relación entre pueblos originarios y biodiversidad y sus derechos sobre el territorio, la iniciativa impulsada por la senadora Salinas marca como su principal tarea «ser una norma de distribución de competencias concurrentes en las materias que señala y no así de reconocimiento de derechos a los ciudadanos, en especial a los pueblos indígenas: El presidente decreta, las instituciones tutelan concurrentemente el acceso de la diversidad biológica (genes, especies y paisajes) y la iniciativa privada internacional y nacional controla el patrimonio biocultural», advirtieron en la carta personalidades como Elena Poniatowska, Sergio Aguayo, Víctor Toledo Manzur y Carlos Ávila Bello.
Las y los expertos, entre quienes se encuentran Greenpeace y el Grupo de Estudios Ambientales, llamaron a que además de suspender el dictamen se de cabida a las opiniones de diversos sectores de la sociedad y a que se consulte de manera previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe a los pueblos indígenas y comunidades equiparables, quienes no fueron tomados en cuenta esta vez contraviniendo así los acuerdos internacionales sobre derechos humanos, particularmente la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT.
*Lea aquí el comunicado íntegro.