En el marco del foro sobre militarización titulado “Seguridad o derechos humanos: una falsa dicotomía” que tuvo lugar el día de ayer en Guerrero, organizaciones civiles y víctimas defendieron diferentes razones para rechazar la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior que se encuentra en el Senado y en la Cámara de Diputados.
En el acto participaron padres y madres de los 43 estudiantes, quienes denunciaron que soldados del 27 Batallón de Infantería y policías de los tres niveles de gobierno intervinieron en los ataques, asesinatos y desapareciones forzadas sufridas por sus hijos. Asimismo participaron Tita Radilla, hija del lider campesino Atoyac Rosendo Radilla Pachecho, detenido y desaparecido en un retén militar en 1974 y Valentina Rosendo Cantú, violada por militares a los 17 años.
El coordinador de asesores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Guillermo Silva, propuso que las fuerzas armadas no participen en la investigación del delito y pidió el regreso gradual a sus tareas. En la misma linea se pronunció el subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quien añadió que las iniciativas de ley son una respuesta de varios legisladores, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, a la exigencia de las propias fuerzas armadas de legalizar sus acciones en el campo.
El representante adjunto de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) en México, Jesús Peña Palacios, señaló la importancia de discutir sobre ello en Guerrero, uno de los estados más violentos de México y también uno de los más militarizados.
*Con información e imagen de SurAcapulco.
