* Un informe de la organización considera que el posicionamiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública elevó el número de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, la tortura y ejecuciones extrajudiciales.
Ciudad de México, 24 de marzo de 2017. El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) presentó un análisis sobre los patrones de tortura y sus impactos, a partir de casos que ha trabajado, con el objetivo de dejar evidencia sobre la extensión de esta práctica en México.
El informe de la organización de la sociedad civil recuerda que, a diez años del inicio de la “guerra contra el narco”, México ha alcanzado violentas cifras de ocurrencia del fenómeno, con más de 300 peticiones de investigación pendientes de tramitación que son muestra de la “impunidad por actos de tortura casi absoluta” durante operaciones policiales y militares, indica.
El estudio presentado está basado tanto en análisis cualitativos como en cuantitativos de 50 personas a quienes se realizó el dictamen médico basado en el Protocolo de Estambul entre los años 2006 y 2016. De los análisis se desprende que los hechos de tortura no se pueden aislar, puesto que el patrón está inmerso en una secuencia de hechos que pretenden generar terror, eliminar resistencia y organización social y van desde la detención arbitraria, desaparición forzada, tortura hasta las ejecuciones extrajudiciales.
El estudio del CCTI también resalta que los factores de discriminación usados en la tortura son ser indígena, mujer, migrante, homosexual, pobre o joven. Los dos contextos de aplicación principal son la utilización de la tortura para criminalizar la protesta social, cuando se encuentra dirigida a activistas, líderes sociales, defensores y periodistas o el uso con el fin de obtener declaraciones auto-inculpatorias de personas detenidas arbitrariamente y acusadas de crimen organizado.
El informe muestra que la tortura es generalizada porque se practica en todo el territorio nacional a manos de las diversas fuerzas de seguridad; también por la suma de actores que participan en la cadena, tanto por ejecutar actos de tortura como por omitir información: actualmente se tiene registro de 400 casos en más de 14 entidades donde la información señala como responsables a la Policía Federal, agentes de procuradurías estatales, Ejército, Marina, médicos que no certifican las lesiones, ministerios públicos y abogados de oficio, entre otros.
El estudio también se hace eco de las deficiencias del marco normativo nacional así como de las fallas de la implementación del Protocolo de Estambul (PE), las que especifica de la siguiente manera: no en todos los casos de denuncia de tortura se realiza el Protocolo de Estambul para poder validarlo o refutarlo, hay deficiencia de personal que realice prontas y exhaustivas investigaciones y también falta de independencia de los peritos adscritos a las procuradurías.
*Para descargar el informe vaya a esta liga