Los colectivos de víctimas de Veracruz, demostrando un valor civil a toda prueba, han realizado con sus propios medios las investigaciones que han conducido al descubrimiento de las fosas más importantes, y han denunciado desde hace años la participación di recta de las fuerzas policiacas estatales en muchos de los asesinatos y desapariciones atribuidos al crimen organizado. El nuevo gobierno de Veracruz está interesada, por razones políticas, en documentar esta alianza. Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia carece de los más elementales recursos humanos, técnicos y operativos, no sólo para llevar a cabo las investigaciones necesarias, sino para almacenar la impresionante cantidad de cadáveres que se descubren cada día y construir un registro de muestras de ADN. El gobierno federal tampoco tiene la capacidad de hacerlo y su colaboración es más bien simbólica.
La incapacidad de los gobiernos estatales y del federal para investigar los miles de asesinatos y desapariciones forzadas de personas es intolerable. Es hora de solicitar ayuda internacional urgente para capacitar personal a nivel federal y estatal y construir la infraestructura para procesar los cadáveres, crear una base nacional de muestras genéticas y ubicar y castigar a los responsables de tantas masacres, empezando por las propias autoridades. La simulación y la impunidad están destruyendo al país.
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