* Las y los comisionados reiteran que se debe descartar esa teoría y tomar como base las recomendaciones del GIEI.
Ciudad de México, 23 de marzo de 2017. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó de «muy grave» el hecho de que los representantes del Estado mexicano hayan insistido en defender la «verdad histórica» durante la audiencia del caso Ayotzinapa, que tuvo lugar el 17 de marzo durante el 161 periodo ordinario de sesiones del organismo regional.
En una conferencia de prensa a propósito del final del periodo de sesiones, la nueva comisionada de país para México, Esmeralda Arosemena, advirtió que la postura del Estado provocó «una ruptura» del proceso de diálogo con las familias y reiteró que la Comisión ya descartó la «verdad histórica». La CIDH y las familias habrían pedido a los funcionarios desechar la línea de investigación del basurero de Cocula tras una «difícil» reunión privada celebrada después de la audiencia, en la que los representantes gubernamentales se habrían comprometido a atender la «totalidad» de las observaciones y recomendaciones del GIEI .
Entre los obstáculos y dilaciones enumeradas por las familias y sus representantes durante la audiencia del 17 de marzo se encuentra el hecho de que a casi un año de la partida del GIEI y dos de la presentación de las primeras recomendaciones, las autoridades no han presentado nuevas acusaciones; que perpetradores identificados como clave pertenecientes a las distintas fuerzas de seguridad, desde municipales hasta federales, no han sido consignados; que no se ha concluido la indagatoria sobre el trasiego internacional de drogas, presentado como posible móvil de los hechos, incluyendo la cooperación y la asistencia técnica jurídica con los Estados Unidos en el tema; que no ha culminado el análisis de telefonía y que los delitos cometidos contra lesionados no se han presentado ante tribunales. Las familias, apoyadas en un video, también cuestionaron que la investigación interna de la Procuraduría General de la República (PGR) -iniciada a raíz de que el GIEI presentara evidencias de severos errores y omisiones en el manejo del caso- haya diluido las graves responsabilidades de los servidores públicos por las irregularidades en la indagatoria, por lo que incluso interpusieron un amparo.
Tras no lograr responder los cuestionamientos de los comisionados de la CIDH acerca del lento avance en otras líneas de investigación y de la situación de la investigación interna, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación insistió en que la línea del basurero (desechada ya por diversos elementos de prueba y por dos peritajes, uno del GIEI y otro del EAAF) es la más sólida y llamó a padres y madres a aceptarla.
Después de la reunión privada, las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, y la Procuraduría General de la República emitieron un comunicado conjunto en el que prometieron agotar todas las líneas de investigación disponibles pero no descartaron la desacreditada hipótesis del basurero.
Francisco Eguigueren, presidente de la CIDH, aclaró que “les preocupa” que el gobierno de México intente revivir el caso del basurero de Cocula como vía de investigación para el caso de los normalistas, luego de que el GIEI desechó dicha versión. “La base o plataforma de la investigación del caso son y deben ser las recomendaciones del GIEI”, recalcó.
Las y los comisionados insistieron en que es sumamente importante que siga en funcionamiento el Mecanismo Especial de Seguimiento, que entró en funciones en 2016 luego de que el Estado mexicano no permitiera que continuara el trabajo del GIEI. La CIDH señaló que mientras las víctimas y sus familias quieran que funcione el Mecanismo, la Comisión continuará. La próxima visita de trabajo se realizará el 20 de abril.
Ayer en Washington, durante una presentación de su libro sobre Ayotzinapa organizada por WOLA y la Fundación para el Debido Proceso, Carlos Martín Beristain, ex integrante del GIEI, advirtió que es un mal indicador de voluntad que el gobierno pretenda revivir la teoría del basurero. En el evento también se encontraban Juan Méndez, ex relator de las Naciones Unidas sobre tortura, y una representante del Centro Prodh.