Ya lo sabemos: está abierta una intensa disputa sobre el significado, alcance e implicaciones de la seguridad (exterior, interior, nacional, pública, humana). A propósito, se debaten iniciativas sobre -¿regular?, ¿definir?, ¿garantizar?, ¿distorsionar?- el concepto constitucional de seguridad interior; pero, al mismo tiempo, como si se tratara de cuestiones inconexas, se busca diseñar un verdadero sistema o modelo de procuración de justicia nacional que incluye la creación de una(s) fiscalía(s) autónoma(s). Por si no bastara, de manera simultánea, se procesan nombramientos y se intenta poner en marcha al Sistema Nacional Anticorrupción. Y, para colmo, emergen iniciativas -como la miscelánea penal que presentó la bancada del PRI en la Cámara de Diputados el mes pasado- que frenarían y darían al traste con el proceso de implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio.
Las discusiones sobre estos asuntos tienen lugar en el mismo momento pero en distintas sedes. Ello, a pesar de que se trata de agendas íntimamente ligadas que requieren de un abordaje en conjunto. La Seguridad y Justicia en Democracia -como se intitulaba un importante y olvidado documento de la UNAM- sólo son posibles si se calibran y ajustan diversas piezas de un sistema complejo: derechos, principios, normas y procesos; policías, peritos y agentes ministeriales; abogados, defensores y jueces. La lógica sistémica es indispensable para prevenir, investigar y sancionar los delitos sin echar mano del abuso, la simulación o la fuerza extrema.
Por eso, por lo pronto, debe frenarse el proceso legislativo de las iniciativas -de seguridad interior y miscelánea penal- presentadas. Entre sus defectos están la limitación, lo fragmentario y la miopía. Necesitamos con urgencia un Sistema Nacional de Justicia Civil; no leyes (además de peligrosas y regresivas) improvisadas.
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