* Las y los expertos denuncian que la ley potencia la comisión de abusos y señalan casos donde elementos de las Fuerzas Armadas han perpetrado violaciones a derechos humanos.
Ciudad de México, 22 de marzo de 2017. Organizaciones internacionales conocedoras de la situación de derechos humanos en México mostraron su preocupación por el intento de legalizar un «estéril» enfoque militarizado contrario a las obligaciones constitucionales e internacionales bajo la Ley de Seguridad Interior (LSI); pidieron que cualquier marco legislativo de seguridad se base en el respeto a derechos humanos y se ajuste a las recomendaciones de organismos internacionales en la materia.
Con base en sentencias, diagnósticos y recomendaciones de organismos internacionales, las más de una decena de organizaciones -entre las que se encuentran WOLA, la Organización Mundial Contra la Tortura y la Plataforma Internacional Contra la Impunidad- advirtieron que el uso del Ejército en tareas de seguridad pública es contrario a los estándares internacionales y que, además, constituye una de las principales causas detonadoras de violencia y violaciones a derechos humanos. También reiteraron que la función de seguridad pública corresponde estrictamente a las fuerzas civiles y apuntaron al artículo 21 de la Constitución mexicana, que establece que las instituciones de seguridad pública deberán ser de carácter civil.
Las y los defensores recordaron a las víctimas de las 99 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde 2006 hasta la fecha en contra de elementos de las Fuerzas Armadas por actos de tortura, ejecución arbitraria y desaparición forzada. Señalaron las violaciones a derechos humanos documentadas en las que participaron elementos de las Fuerzas Armadas, como la ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya en junio de 2014 o los actos de tortura sufridos por 4 personas en manos de militares en Baja California.
Finalmente, las organizaciones firmantes instaron respetuosamente al Estado mexicano a culminar la adopción de los marcos legislativos ya iniciados para prevenir, investigar y sancionar la desaparición forzada y la tortura de forma eficaz y conforme a los estándares internacionales, y recordaron que bajo ningún motivo se debe asignar a las Fuerzas Armadas de un país las tareas de seguridad pública.
*Lea el comunicado íntegro aquí