* Los funcionarios insistieron, contra pruebas científicas, en que la «verdad histórica» es la hipótesis más consolidada; más tarde, anuncian que se agotarán «todas las líneas de investigación».
Ciudad de México, 21 de marzo de 2017. Mientras las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa insistieron en la necesidad de una supervisión internacional robusta ante los obstáculos en la investigación de la desaparición de sus hijos, los representantes del Estado mexicano reiteraron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la desacreditada “verdad histórica” es su única hipótesis consolidada en el caso, a pesar de los dos informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el trabajo científico del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que demuestran su imposibilidad científica.
Al respecto, el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, insistió en que «es necesario avanzar en las investigaciones para que las búsquedas de los muchachos sean efectivas», mientras el comisionado Paulo Vannuchi consideró que si México pudo capturar al narcotraficante «El Chapo» Guzmán, «con la misma determinación» puede encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos.
En la audiencia celebrada el 17 de marzo de 2016 en la sede de la CIDH en Washington con motivo del caso Ayotzinapa, las familias y sus representantes deploraron que a 30 meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes no haya avances reales que lleven a dar con su paradero y a esclarecer lo sucedido la noche del 26 y 27 de septiembre. Las madres acusaron que al Estado le interesa más proteger a sus funcionarios corruptos que dar con el paradero de los muchachos.
Entre los obstáculos y dilaciones enumeradas por las familias y sus representantes se encuentra el hecho de que a casi un año de la partida del GIEI y dos de la presentación de las primeras recomendaciones, las autoridades no han presentado nuevas acusaciones; que perpetradores identificados como clave pertenecientes a las distintas fuerzas de seguridad, desde municipales hasta federales, no han sido consignados; que no se ha concluido la indagatoria sobre el trasiego internacional de drogas, presentado como posible móvil de los hechos, incluyendo la cooperación y la asistencia técnica jurídica con los Estados Unidos en el tema; que no ha culminado el análisis de telefonía y que los delitos cometidos contra lesionados no se han presentado ante tribunales.
Las familias, apoyadas en un video, también cuestionaron que la investigación interna de la Procuraduría General de la República (PGR) -iniciada a raíz de que el GIEI presentara evidencias de severos errores y omisiones en el manejo del caso- haya diluido las graves responsabilidades de los servidores públicos por las irregularidades en la indagatoria, por lo que incluso interpusieron un amparo.
Al no poder responder a los cuestionamientos de las familias y de los propios comisionados sobre estos temas, el Estado optó por rechazar las recomendaciones del GIEI, que pidió desechar la hipótesis del basurero de Cocula por su inviabilidad y recomendó ahondar en otras líneas de investigación. La representación de funcionarios interpeló a los padres llamándolos a que aceptaran la «verdad histórica», a la que previamente doña Joaquina García había calificado como un momento sumamente doloroso en sus vidas.
Más tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República indicaron que «todas las instituciones del Estado continúan trabajando de forma permanente y coordinada, conforme a los principios de derechos humanos, a fin de agotar todas las líneas de investigación posibles, atendiendo y dando seguimiento a la totalidad de las observaciones y recomendaciones que en su momento emitió el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designado por la CIDH».